El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Integral informó este viernes 8 de marzo que las autoridades estatales y municipales del estado de Tlaxcala han entregado 65 licencias para el funcionamiento de bares, hoteles y moteles donde la trata de personas y la explotación sexual se ha acentuado.
A través de un posicionamiento publicado este 8M en el marco del Día Internacional de la Mujer y la lucha feminista, el Centro Fray Julián demandó a las autoridades reconocer el problema de la trata de personas, implementar el Programa Estatal contra la Trata e implementar políticas públicas para erradicar las formas de violencia contra las mujeres y promover la reeducación hacia los hombres.
Los permisos para el funcionamiento de probables centros de explotación sexual de mujeres son una de las piezas que sostienen el contexto local de la trata de personas y el doble discurso gubernamental que, por un lado, niega el delito pero que en los hechos confirma el fenómeno de la trata y el proxenetismo existe ligado al poder público.
Por ello, el Centro anunció esta tarde que se suma a las diversas luchas de mujeres en Tlaxcala y a la exigencia para que el Estado cumpla con las obligaciones de proteger a las mujeres, acercarlas a la justicia y erradicar las violencias.
Señalaron que en el actual contexto local es cada vez más preocupante que el gobierno estatal no reconozca la problemática de la trata de personas al señalar que “no existe” a pesar de que la PGJE reconoció que existen ocho carpetas de investigación iniciadas por este delito en 2023 y 11 denuncias entre 2022 y 2023, además de 18 detenciones por parte de autoridades federales del mismo número de tratantes de origen tlaxcalteca.
Además, señalaron que la indolencia estatal refuerza la simulación ante el incumplimiento de 29 de las 30 medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, según las conclusiones de la décima tercera reunión del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para atender la AVGM y los permisos a bares y moteles en 14 municipios de sur identificados como centros de explotación sexual.
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