La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto daño patrimonial por 376 millones 441 mil pesos en el uso de los recursos públicos transferidos a través del Fondo de Infraestructura Social (FISE) y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), ejercidos durante 2022 por el aun gobierno de Miguel Ángel Barbosa Huerta.
De acuerdo con las auditorías 1482 y 1480, el gobierno del estado de Puebla debe aclarar la cantidad de 371 millones 379 mil pesos del FISE y 5 millones 61 mil pesos del FASP. Sobre el primer monto, la ASF detectó que el gobierno de Barbosa Huerta adjudicó tres contratos para obra por 358 millones 405 mil pesos para el mejoramiento de viviendas sin presentar las licitaciones públicas, además de que la entrega de los contratos los hizo fuera de las reglas de adjudicación, lo que imposibilitó que la ASF identificara los conceptos individuales de cada obra para la fiscalización de los recursos.
Además, pagó 361 mil pesos para proyectos con precios alzados y sin que los conceptos correspondieran a lo establecido en los lineamientos del fondo de infraestructura. La auditoría determinó que 12 millones 401 mil pesos no han sido justificados según su uso para la verificación del avance de las tres obras contratadas, lo que refuerza la opacidad en torno a estos tres proyectos impulsados el año pasado. Del mismo modo, el gobierno estatal no entregó evidencia por 211 mil pesos gastados para cinco acciones de electrificación y 413 mil pesos por comprobar en obras no ejecutadas.
Por otro lado, la ASF detectó probable daño patrimonial por 5 millones 61 mil pesos por acciones de seguridad sin comprobar, sobre todo referentes a gastos para programas de capacitación e insumos. La auditoría encontró fallas administrativas y de evaluación comparativa sobre los índices de violencia entre los dos últimos años. Por ejemplo, entre 2021 y 2022 la incidencia delictiva aumentó 16.6 por ciento en homicidios, 12.6 por ciento en robo a transeúnte, 10.5 por ciento en secuestro y 7.4 por ciento en robo de vehículos, lo que indica metas no cumplidas.
Empero, una de las mejoras fue el aumento de la fuerza policial de 1.8 a 2.2 policías por cada mil habitantes, aunque, con respecto a los centros penitenciarios, la ASF detectó que hay sobrepoblación de 48.2 por ciento, es decir, la población penitenciaria aumentó 5 puntos porcentuales con respecto a 2021.
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Foto: Especial