Lo anterior se establece en el proyecto de Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, enviada por el gobernador, José Antonio Gali, al Congreso
Aquellos particulares y servidores públicos que incurran en actos de corrupción podrían ser acreedores de medidas disciplinarias como la amonestación pública, sanciones económicas de hasta los 8 mil pesos, ser remitido al Ministerio Público cuando se trate de hechos probablemente constitutivos y arresto hasta por 36 horas.
Lo anterior se establece en la iniciativa para crear la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual establece los lineamientos que ejecutará o sancionará el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) entre particulares y servidores públicos que incurran en actos de corrupción.
En el documento revisado por URBANO Puebla, entregado por el gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad al Congreso local, se establece que en el caso de que el infractor sea jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor a su salario diario, por lo que prevé sanciones equivalentes a una Unidad de Medida y Actualización (UMA) de 80 pesos. Mientras que, de tratarse de trabajadores no asalariados, la multa –señala– no excederá el equivalente a un día de su ingreso.
La iniciativa de ley fue votada en el pleno del Legislativo, tras una serie de mesas de trabajo entre los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como los magistrados de Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), David Paz Moreno y Lourdes Dib Álvarez.
También incrementarían número de magistrados
Dib Álvarez, presidenta del TJA, explicó que este ordenamiento es parte de las reglas que se requiere para resolver la denuncia de los particulares, pues el documento contendrá los procedimientos para dirimir los conflictos entre ciudadanos y autoridad, con el antecedente de que la autoridad llega a abusar de su poder, en perjuicio de sus gobernados.
Abundó que el Tribunal que preside tendrá también entre sus funciones el sancionar las faltas graves como el tema del desvío de recursos públicos, los costos excesivos en obra pública y todo lo relacionado con los sujetos obligados que incurran en un delito.
Además, comentó que, en diciembre pasado el Legislativo avaló ampliar el número de magistrados del TJA de tres hasta a siete, lo anterior a propuesta del propio mandatario estatal, por lo que se estarán incorporando otros cuatro magistrados que propondrá Gali Fayad.