El diseño urbano no contempla los intereses de los pobladores, sino de aquellos que se han encargado de colmar las ciudades de rascacielos y terrenos baldíos.
A diferencia del resto de América Latina, la planeación urbana no es parte prioritaria de la política mexicana. El abandono del ordenamiento de las ciudades, así como del rescate de la biodiversidad, ha provocado que su abordaje se reduzca a sectores específicos: predial, cableado, alcantarillado… No existe un entendimiento de lo urbano como un sistema complejo.
En su lugar, tanto el sector público como el privado actúan en favor de sus respectivos intereses inmobiliarios. El resultado puede apreciarse en Puebla y en cualquier metrópoli de México: periferias maltrechas que perjudican la vida en plenitud. Tal panorama fue presentado por el Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta durante un conversatorio especializado de la IBERO Puebla.
La urbanidad se ha convertido en una actividad más discursiva que proactiva. La planeación en el ámbito jurídico comprende vacíos que dan pie a la intromisión de los actores de especulación inmobiliaria. Sumó el Dr. Ignacio Kunz Bolaños a la discusión: “tenemos un pensamiento muy rígido en cómo vemos una ciudad. A veces lo vemos como un proyecto que, como lo vemos, se debe construir tal cual”.
De acuerdo con los expertos, existe una tendencia a la privatización de las ciudades, lo que supone que sean los mercados inmobiliarios los que determinan cómo y para quién crecen las urbes. “El Estado es incapaz de generar un sistema de planificación eficiente”, sintetizó el Dr. Luis Felipe Cabrales Barajas.
Una regulación adecuada del desarrollo requiere la participación de actores sociales comprometidos con la defensa de lo no urbanizable: las áreas verdes, los espacios comunitarios, los barrios históricos. El sistema de planeación tendría que llevarse al debate nacional para proteger la generación de producto interno bruto, mismo que proviene en un 90% en las ciudades.
La planeación es una manera de regular el mercado inmobiliario, pues actúa como mecanismo de asignación de derechos de construcción al tiempo que contrae la posibilidad de especulaciones. Para Kunz Bolaños, es necesario contar con regulaciones estratégicas basadas en principios como la eficiencia económica, la equidad y la conservación ecológica.
El crecimiento de las ciudades privilegia la dimensión física por encima de las sociales y ambientales. Diferentes tendencias han determinado esta expansión de la mancha urbana junto con todas sus consecuencias: la construcción horizontal expandió las periferias, mientras que la vertical alteró el paisaje a base de rascacielos. El pánel convino en la importancia de reivindicar la función social del desarrollo territorial.
Por otro lado, el enfoque mercantilista de las ciudades ha atraído el interés de empresarios, funcionarios públicos y ejidatarios, quienes buscan manejar la tierra urbana a su conveniencia a pesar de los mecanismos de regulación. A decir de Alfonso Iracheta, la solución se encuentra en llegar a acuerdos sociopolíticos con las personas que verdaderamente determinan el crecimiento de las ciudades, pues las planificaciones han demostrado no ser eficaces.
“El tema de la regulación y los actores sociales debe pasar por hablar con ellos, hacerles ver dónde está el problema que ellos mismos generan y las posibilidades que tienen de hacer mucho dinero”: Dr. Alfonso Iracheta.
Sin embargo, este modo de proceder demanda necesariamente una amplia participación ciudadana. Para el Dr. Ignacio Kunz, la inclusión de la población en los procesos de negociación y consenso requiere de un proceso formativo que conduzca a propuestas a largo plazo y que impacten a la colectividad.
Los actores no pueden ser vistos como opuestos, sino que deben colaborar bajo la rectoría del Estado. La planificación, indicó Cabrales Barajas, debe ocurrir en tiempo real en espacios reales, lo que permitiría una acción más eficaz frente a los cambios acelerados del entorno.
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