Trata de recuperar cobro en efectivo y deslindarse de irregularidades cometidas por conductores
Amparo en contra de la Ley Estatal del Transporte, solicitará la empresa UBER, pues considera que «atenta contra la libertad contractual, atribuyendo responsabilidad civil, penal o administrativa directamente a las Empresas de Redes de Transporte (ERTs), de manera arbitraria y sin intervención de autoridad judicial».
Los recursos legales de la compañía de origen inglés tienen la intención de recuperar el cobro en efectivo y también deslindarse de cualquier responsabilidad cuando sus socios o choferes incurran en alguna irregularidad.
De acuerdo con el director general de UBER México, Federico Ranero, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) «no es órgano encargado de deslindar responsabilidades, ni de determinar el alcance, contenido y validez de las cláusulas pactadas por las partes en contratos mercantiles».
En comunicado oficial, destaca que «la seguridad de los usuarios y los socios conductores es absoluta prioridad» para UBER, por lo que «cumple, incluso desde antes de la aprobación de la nueva regulación, con todos los elementos de seguridad requeridos por las autoridades».
De esta manera, resalta exámenes toxicológicos, psicométricos y psicológicos a sus conductores, como también difusión de información de seguridad; además de destacar que «cuenta con la información de todos los viajes de usuarios y socios conductores desde el inicio de la operación en Puebla«.
Según el representante de la firma, «resguarda la información por más de dos años, como lo especifica la ley»; incluso, «cuenta con una relación directa con la Fiscalía del Estado de Puebla, autoridad a la que se le proporciona toda la información requerida para investigaciones donde usuarios o socios conductores estén involucrados».
Adicionalmente, subraya la inclusión dentro de su aplicación, tanto para usuarios, como también para socios conductores, de un número de emergencia con línea directa a las autoridades estatales.
«Sin embargo, aún cuando la nueva regulación no prohíbe explícitamente el pago en efectivo, UBER ha recibido notificaciones por parte de las autoridades para suspenderlo», lamenta el directivo guatemalteco de 31 años de edad, en su boletín.
«Esto significa limitar el uso de la aplicación de UBER a 56 por ciento de la población que no tiene acceso a una tarjeta de crédito. En Puebla, el pago en efectivo se acepta desde marzo de 2017 y más de 326 mil poblanos han utilizado este método de pago».
Ante tal escenario y para mantener el acceso a la aplicación a las personas que pagan en efectivo y las ganancias de los socios conductores, comenta que UBER ha decidido tomar, como última opción, las acciones legales correspondientes y anuncia que seguirá «trabajando de la mano de las autoridades para incrementar la seguridad y mejorar la movilidad de las ciudad de Puebla”.
A la par, rechaza investigaciones socioeconómicas a posibles socios (como establece el marco legal vigente en esta entidad), al considerarlas discriminatorias para aquellas personas de menores ingresos.