Los quejosos culpan a las fundaciones Sopitas de Letras y Trabajo y Pasión por venderles viviendas que no eran de su propiedad
Familias defraudadas por las fundaciones «Sopita de Letras» y «Trabajo y Pasión» -quienes les vendieron viviendas sin ser los propietarios- se manifestaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para exigir la apertura de la carpeta 17772/2017, que contenía denuncias en contra de las 88 familias afectadas, por lo que acusaron que intentan «fabricarles» órdenes de aprehensión.
Así lo señaló, María del Pilar Hernández Martínez, representante del movimiento «6 de Septiembre Villas Periférico» quien exigió a la FGE no prestarse al juego de los delincuentes: «la defensa de quienes se dicen propietarios operan desde la Fiscalía, al exigir que emita órdenes de aprehensión en contra de las familias».
En octubre de 2017, se llevó a cabo el desalojo en Villas Periférico, encabezado por un grupo de choque contratado por la familia Chargoy, bajo el argumento de que dichas fundaciones habían vendido ilegalmente los departamentos que se encontraban en un predio de su propiedad, provocando un enfrentamiento entre vecinos y el grupo de choque que derivó en la detención de 23 personas, de las cuales 21 fueron vinculadas a proceso por los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones, robo y despojo, en tanto que solo a dos no se les logró demostrar su probable responsabilidad en el desalojo.
Hernández Martínez aseguró que «ahora nos la voltearon», pues dijo que las 88 familias que ocupan los departamentos del fraccionamiento Villas Periférico, los representantes legales y los asesores jurídicos, tienen denuncias penales en su contra las cuales fueron promovidas por Víctor Hugo Agüera Ibáñez.
Dicho personaje, sostuvo, no ha acreditado la propiedad que las dos fundaciones le entregaron a 88 familias por medio de un fraude.
No obstante, dijo que las familias temen por su seguridad «que esta carpeta traiga algunas demandas y detenidos (…) hemos sido amenazados, nos llegan mensajes y personas a preguntar por los departamentos, nos dicen que nos van a sacar, de esto Fiscalía ya tiene conocimiento», comentó.
Y es que, mencionó que recientemente una de las personas detenidas por el desalojo y robo violento –en octubre pasado–salió en libertad sin cargos, acto que no se les notificó a los vecinos afectados, por lo que temen represalias.
Sin embargo, aseguró que tienen forma de comprobar la concesión de buena fe que les fue otorgada al recibir los departamentos; mientras que «los delincuentes no pudieron demostrar la propiedad de los terrenos», argumentó.