El secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte, Xabier Albizuri Morett, dijo que se han aplicado más de tres mil sanciones contra unidades del transporte público.
El secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT), Xabier Albizuri Morett, informó que la concesión de la unidad 14 de la ruta 13, mejor conocida como Galgos del Sur, que atropelló a Emmanuel Vara Zenteno, fue revocada.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el funcionario lamentó la muerte del activista y director municipal de Gestión de Movilidad, y aseguró que no sólo se procedió administrativamente sino que el operador fue entregado a las autoridades ministeriales.
Señaló que a la fecha, se han aplicado más de tres mil infracciones contra el transporte público y aseguró que además se trabaja por obligar a los operadores a cumplir con la normatividad en la materia, así como por erradicar al transporte pirata. Igualmente, negó que se hayan dado concesiones a nuevas líneas de transporte en este gobierno, salvo cuatro en Xicotepec de Juárez, que fueron ganadas por los dueños a través de un juicio de amparo y mencionó que se reasignaron 670 concesiones y 520 permisos.
Por otra parte, Albizuri Morett justificó las inundaciones que se registraron en la Avenida Juárez durante la temporada de lluvia y aseguró que se trata de encharcamientos por ocho minutos, producto del choque del contenido en los colectores marginales del centro histórico con los colectores pluviales de esta vialidad.
La comparecencia del secretario de Infraestructura se desarrolló entre constantes abucheos y protestas, especialmente, al hablar de la línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), misma que aseguró que ya llegó a los 62 mil usuarios diarios.
Tras afirmar que la operación de la línea 3 es un “éxito”, reveló que Grupo ADO participó con una inversión superior a los 200 millones de pesos, luego que más de 420 concesionarios tradicionales rechazaron la oferta para conformar la empresa operadora de la troncal. Asimismo, reconoció que derivado de un juicio de amparo perdido, una autoridad judicial determinó su destitución en caso de desacatar la sentencia pero afirmó que la misma fue ejecutada.
Finalmente, cuestionado sobre la inoperancia de una planta de tratamiento en Huauchinango, que costó 166 millones de pesos, refirió que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la obra e impidió su operación; pero señaló que esta semana finalmente la liberó y en los siguientes días comenzará a funcionar.