Los hechos se registraron hace dos semanas en el fraccionamiento “El Divino Salvador” del municipio de Tzompantepec.
María Luisa Román Díaz y María Rosa Díaz Corona, propietarias de 160 viviendas del fraccionamiento “El Divino Salvador” ubicado en Tzompantepec, solicitaron la intervención de los Poderes Legislativo y Ejecutivo para restituirles el goce de su derecho de propiedad que les fue privado por un grupo de “paracaidistas” que ocuparon las casas sin contar con ningún documento solo con el argumento de carecer de vivienda.
En el oficio que las afectadas dirigen al Congreso local y al Gobierno del Estado, refieren que el 27 de marzo unas 150 personas perpetraron la toma de las casas de manera irregular, aprovechando la falta de vigilancia policial y mediante actos de violencia. Sin embargo, la familia Díaz Corona conoce que ese grupo de invasores tienen sus domicilios en el municipio de Apizaco, incluso hasta son comerciantes en el mercado Guadalupe, con lo que no se acredita su dicho de que lo hacen por necesidad de contar con una casa.
Incluso mencionan que los líderes que encabezaron el despojo son Jesús Alfredo García López, Juan Carlos Sánchez Vázquez, y Pedro de quien se desconocen sus apellidos, vecinos de la Colonia Loma Florida de Apizaco quienes el día de la invasión de las casas del fraccionamiento “El Divino Salvador” no presentaron ningún documento ni orden judicial para poder quedarse con las viviendas, mientras que las propietarias presentaron los documentos que las acreditan como tal pero aún no con ello no recibieron el respaldo de la autoridad.
“Durante más de cinco horas la fuerza pública se limitó a estar presente a 200metros de los hechos, sin atender nuestras peticiones para desalojar a los paracaidistas, incurriendo en diversas deficiencias que concluyeron finalmente en el despojo de las viviendas en agravio de la familia Díaz Corona. Hechos que evidencian la deficiencia del sistema de seguridad pública o la liberada inacción para proteger nuestros derechos”, reclaman.
Por la inacción de las autoridades, las propietarias anunciaron que iniciarán un proceso judicial para recuperar la posesión de la propiedad, para lo que solicitaron la intervención del Congreso del Estado y del Gobierno para que les sea restituido el goce de su derecho de propiedad, y no caer en la impunidad y recuperar la tranquilidad vecinal en el fraccionamiento donde cohabitan alrededor de 70 familias que han adquirido una vivienda a través de créditos del Infonavit.