Se auditaron 1,475 expedientes correspondientes al ejercicio del 20 de julio de 2017 al 31 de agosto de 2020.

Un 90 por ciento de los documentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano presentan irregularidades, por lo que se seguirán los procedimientos para sancionar a los responsables, dijo el titular de la contraloría, José María Carmona.

Lo anterior, es resultado de la auditoría que se ordenó en la dependencia tras la salida de Beatriz Martínez Carreño. 

En conferencia de prensa virtual informó que se auditaron anuncios, licencias de obra mayor, licencias de uso de suelo específico, plan de manejo para la disposición final de residuos de la construcción y de obras, en el periodo comprendido del 20 de julio de 2017 al 31 de agosto de 2020.

«Se revisaron mil 475 expedientes. Tras una minuciosa revisión a cada uno de los expedientes se encontró que más del 90 por ciento fueron observados y que presentan alguna irregularidad, por ejemplo, faltas de acta constitutiva, falta de alineamiento y número oficial, carnet, carta de anuencia de los vecinos colindantes con el establecimiento comercial y carta de no inconveniente firmada por los vecinos».

Añadió que también se omitieron los comprobantes de pago sellados por la tesorería municipal y hay falta de croquis, dictamen de factibilidad y uso de suelo, de Protección Civil,
dictamen estructural tipo 1, además de que se hallaron expedientes sin información física, entre otras anomalías.

El contralor dijo que en el periodo revisado, hubo servidores públicos que emitieron liberaciones de obra en materia ambiental sin pago previo, planes de manejo sin un convenio vigente en el estado de Puebla y planes de manejo sin un pago previo.

Por lo anterior, indicó que los hallazgos son suficientes para que dicho órgano de control continúe los procedimientos de determinación de responsabilidades y sanciones pertinentes.

Cabe recordar que la auditoría fue instruida por la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco el 7 de septiembre de 2020 luego de que fue denunciada una red de corrupción en la dependencia, mediante el cual se realizaban cobros de moches a cambio de la entrega de permisos para construcción.

El hecho, en el que se señaló a servidores públicos de integrar un «cartel inmobiliario» provocó la destitución de la entonces titular de la dependencia, Beatriz Martínez y de directores involucrados en los señalamientos.

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