Así se detalló este jueves en la sesión del Cabildo de San Andrés Cholula en la que se aprobó por unanimidad el dictamen de auditoría a su gestión.
Una red de corrupción en el cobro de impuestos inmobiliarios que involucra a diversas notarías, la desaparición de 300 bienes entre los que se encuentran equipos de seguridad pública, cobros de servicios que no se reportaron y obras con faltas administrativas, destacan entre las anomalías que el ayuntamiento de San Andrés Cholula halló en la gestión del exalcalde Leoncio Paisano Arias, las cuales representan un desfalco superior a los 100 millones de pesos.
Este jueves, el Cabildo de ese municipio aprobó por unanimidad de votos el dictamen de entrega-recepción que contiene cientos de irregularidades administrativas, las cuales serán notificadas al expresidente municipal de extracción panista, quien contará con tres días para subsanar las observaciones.
Paisano deja 9 obras inconclusas y da bono millonario: Pérez Popoca
Paisano y Popoca inician proceso entrega recepción en San Andrés En caso de que Paisano no atienda el resultado de la revisión a su gestión podría enfrentar un proceso administrativo ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), consideró la actual alcaldesa Karina Pérez Popoca, quien adelantó que ya analiza presentar denuncias penales en contra de quien resulte responsable.
Alteraban cobros catastrales
De acuerdo con la lectura del dictamen hecho este jueves en sesión de Cabildo, el actual gobierno municipal detectó una red de corrupción en la Dirección de Catastro, ya que se encontró un software que se colocó en los equipos de cómputo, mediante el que de madrugada se ingresaba a las cuentas de cobro de los inmuebles para alterar las cifras.
Pérez indicó que las alteraciones se realizaban entre las 11 de la noche y las tres de la mañana y, según comprobaron, entre quienes se encargaban de efectuar ese trabajo se encuentran cinco empleados del ayuntamiento que ya fueron separados de sus cargos, así como gestores y notarías públicas.
La presidenta municipal expuso que en 2016 dos cajeras fueron llevadas a prisión por su presunta participación en cobros anómalos, pero fueron liberadas debido a que no eran ellas quienes tenían las claves de acceso, por lo que presumió que el modo de operación de la red de corrupción data por lo menos desde hace dos años.
Adelantó que una vez que avance la investigación que realizan al respecto, presentará denuncias penales en contra de quienes resulten responsables.
No dejaron pólizas y hay pagos injustificados
Por otra parte, la alcaldesa dio a conocer que la ejecución de decenas de obras públicas presenta anomalías, como falta de pólizas de pago, además de que otras se pagaron pero no se realizaron, como la cimentación del edificio del DIF, para lo que se destinaron 15 millones de pesos.
Además de ello, mediante esa instancia se realizaron alrededor de mil consultas médicas con un costo de entre 20 y 30 pesos, sin que haya constancia de que los recursos ingresaron a las arcas municipales.
Lo mismo ocurrió con la alberca olímpica, por lo que incluso dos millones de pesos que se destinaron al proyecto tuvieron que ser reintegrados a la federación.
En suma, las anomalías en proyectos de infraestructura, rebasan los 50 millones de pesos, pues recordó que la auditoría toma en cuenta el valor total de las obras.
Desaparecen bienes muebles, como radios para seguridad pública
La revisión también advierte la desaparición de 300 bienes muebles, entre los que destacan radios Matra, utilizados por los cuerpos de seguridad pública.
La presidenta municipal indicó que lo preocupante es que no sabe en manos de quién están estos equipos, pues con ellos se pueden intervenir las comunicaciones de los policías.
Otros artículos corresponden al DIF así como a otras áreas administrativas, según el inventario realizado. La alcaldesa indicó que otra muestra de los desfalcos en los que incurrió la anterior gestión es el gasto en gasolina, pues el promedio mensual era de 3 y 5.2 millones de pesos, mientras que en su administración esa erogación no supera los 1.5 millones.
Pérez insistió en que una vez que Paisano sea notificado de las observaciones contará con tres días hábiles para manifestarse al respecto, aunque comentó que por ley ella está obligada a dar vista a la ASE y al Tribunal Administrativo.