Necesaria la creación de códigos de ética empresarial para evitar el consumo y la explotación sexual y laboral de mujeres en los procesos de industrialización.
El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. documentó que el comercio sexual creció con la instalación de la empresa automotriz Audi en San José Chiapa, Puebla, y los límites del municipio de Huamantla.
Emilio Muñoz Berruecos, coordinador del programa de género y derechos humanos de esta asociación civil, señaló que históricamente los procesos de industrialización traen consigo problemas y desigualdad social, el incremento de delitos y la cosificación de las personas: “los cuerpos de las mujeres se vuelven mercancía y el de los hombres en mano de obra sin derechos laborales”.
Ante esto y el anuncio del gobierno estatal de conformar con el estado de Puebla una Zona Económica Especial con asentamiento industrial, Muñoz Berruecos y Alejandra Méndez, directora del Centro, opinaron que es necesario que se obligue a las empresas a crear códigos de ética empresariales para la prevención de los delitos de trata de personas laboral y sexual.
“No es que sea malo que las empresas vengan, ni que los proyectos o mega proyectos se desarrollen, lo que es grave es que no haya condiciones claras de cómo vienen a instalarse, y que se siga viendo a las problemáticas de manera aislada, porque la devastación ambiental no es un tema único, sino que está relacionado con otras formas de violencia que están ocurriendo en el estado; la trata de personas es un problema estructural que toca a las empresas, a las condiciones en las que se instalan, la desigualdad social y la escasez laboral, por ejemplo”, acotó Alejandra Méndez Serrano.
Incluso en el Plan Estatal contra la Trata se habla de cómo el gobierno, además de favorecer el crecimiento empresarial e industrial, debe generar procesos de disminución de la trata con fines laborales y sexuales, refirió Emilio Muñoz Berruecos.
“Es necesario repensar el Estado y el desarrollo del Estado como una serie de problemáticas y de necesidades sociales, no de manera aislada o favoreciendo a un solo sector. Hemos visto que la instalación de zonas industriales detona el consumo de la prostitución y por tanto de la explotación sexual, urge que el estado fortalezca los mecanismo educativos de prevención”, señalaron.