La agrupación revela la cifra en el marco de su informe de actividades


Un centenar  de amparos fueron interpuestos en 2017 contra la concesionaria Agua de Puebla por la Asamblea Social del Agua (ASA) difundieron sus integrantes en la presentación del informe de actividades de la agrupación.

Los 97 casos defendidos en los juzgados federales, según el balance presentado contraviene el discurso de Héctor Durán Díaz, director de Concesiones Integrales –Agua de Puebla–,que asegura que  nunca, desde la creación del organismo ha existido una sola sentencia en su contra.

En rueda de prensa, Omar Jiménez, integrante del departamento legal del ASA, probó con documentos que de los 97 amparos radicados se han resuelto 95 de manera positiva para el quejoso y están pendientes 2 para su resolución.

En los amparos, aseguró el abogado del ASA, jueces federales han reconocido el Derecho Humano al Agua en la Constitución del Estado de Puebla y han ordenado a la concesionaria Agua de Puebla revertir las suspensiones y las tarifas, que han aumentado en más de un 500 por ciento a usuarios en Puebla.

En abril de este año el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales otorgó el amparo o4286/2017 a un usuario al que había suspendido el servicio de agua potable y bloqueado la tubería del drenaje.

La sentencia del Juzgado Federal aduce: “No pasa inadvertido que el artículo 99 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, se prevé que el prestador de servicios podrá suspender justificadamente los servicios hídricos por falta de pago de los derechos, sin embargo, ninguna ley local puede estar por encima del derecho humano al agua previsto en el artículo 4 Constitucional”.

A Raymundo Zarate Montes, con el número de NIS 2134244, le fue informado que su cuenta superaba los 100 mil pesos,  200 por ciento más que la tarifa regular que había sido cumplida en tiempo y forma. sin embargo Concesiones Integrales no le dio recibo donde se desglosara la cuenta, el director del tuvo que interponer un amparo para que esta le fuera entregado por escrito.

En la resolución del amparo, el Juzgado Federal argumentó detallando por puntos: “1:Es agua es la esencia de la vida. 2. El derecho al agua comprende el acceso al líquido necesario para mantener la vida, conservar la salud y satisfacer las necesidades fundamentales para la dignidad de todas personas. 3. El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud, así como fundamental para el goce de otros derechos humanos como la vida, salud, educación, vivienda, trabajo.4) El derecho al agua implica entre otras libertades, la de protección contra cortes arbitrarios o servicios de agua potable, saneamiento y drenaje”.

Anexa también: “El derecho al agua no es un derecho solo en papel. por lo que suspender los servicios de agua potable así como el drenaje no sólo pone en riesgo la salud de las personas que habitan el inmueble en que se efectuó el corte, también se podrían ocasionar enfermedades o padecimientos que afectaran la salud pública”.

Aunque se reconoce el costo del servicio, el juzgado federal consideró que el derecho debe ser asequible para todos y que nadie debe verse privado del acceso a ellos por no tener capacidad de pagar. “En el marco de los derechos humanos no se puede permitir el corte absoluto”, cita la sentencia.

Este amparo, dijo Jiménez, sólo es uno de los cientos que se han interpuesto desde el 2015 y que en este 2018 serán presentados ante los Juzgados Federales  que constituyan la prueba irrefutable de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ilegítima Ley del Agua de Puebla.

María Eugenia Ochoa y José Luis García, junto con Jiménez aseguraron que el ASA este año agudizará sus estrategias para trabajar por la final abrogación de la Ley del Agua para el Estado de Puebla emitida en 2012 y reformada en 2013, en la que aprueba la privatización cuyo contenido permite cortes inconstitucionales e inconvencionales, del servicio del Agua y Drenaje, el manejo también ilegal de los adeudos como créditos fiscales — pese a jurisprudencia que lo prohíbe — y el cobro injusto e ilegítimo de una variedad de actos operativos y administrativos por parte de la concesionaria.

“En 2018 la ASA demostrará en el terreno de los hechos y de la Ley, la figura ilegal e ilegítima de la privatización de agua en el Estado de Puebla, que no tendrá otro camino que revertir tal decisión tan dañina al pueblo y al agua misma, se caerá la Ley del Agua, dándole paso a la Iniciativa Ciudadana de Ley de Agua del pueblo”, insistió Ochoa.

Concesiones Integrales no reconoce sentencias
Héctor Durán Díaz, director de Concesiones Integrales –Agua de Puebla–,aseguró en entrevista durante una reunión con medios en diciembre del 2017, que  nunca, desde la creación del organismo ha existido una sola sentencia en su contra.

Durán Díaz calificó como absurdo que las tarifas de agua de Puebla se dispararan en más de 500 por ciento como acusó el ASA y refirió que su aumento no rebasó el 5 por ciento.

“No tiene caso hablar de algo que no tiene fundamento, nosotros no tenemos atribución de cambiar tarifas, no tenemos esa intención de hacerlo y menos en la desproporción que se ha anunciado en la prensa”, dijo.

En un audio en posesión de este medio también insistió “No hemos recibido una sola sentencia condenatoria en la que hayan dicho violamos garantías individuales, eso no ha pasado y no pasará. No somos los malos”.