«Estamos preparándonos de manera articulada, ya hemos tenido pláticas con el nuevo gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para que una vez entre en funciones lo hagamos», apuntó la alcaldesa de Puebla.
Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla, afirmó que no se pagará ninguna indemnización económica a la empresa Concesiones Integrales al revocar el contrato por el servicio del agua potable, por el contrario –aseveró—el ayuntamiento cobraría una penalización por incumplimiento.
En entrevista, la munícipe señaló que en el análisis del tema, hallaron que existen condiciones jurídicas para “cobrarle” a la empresa el incumplimiento del contrato que obtuvo y fue modificado de forma leonina.
Cuestionada sobre si en caso de Agua de Puebla presentara una demanda por la revocación del contrato, el ayuntamiento interpondría una contrademanda, Rivera Vivanco contestó que sí la preparan de una manera articulada con los tres órdenes de gobierno, que estaría lista este mismo año.
«Estamos preparándonos de manera articulada, ya hemos tenido pláticas con el nuevo gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para que una vez entre en funciones lo hagamos, que no solamente sea compromiso de campaña. En este mismo año estamos haciendo esto».
Asimismo, dijo que mientras no haya una reversión del contrato, Agua de Puebla deberá continuar con las obras que tiene planeadas, entre ellas, la sustitución de la red de drenaje y agua potable en el Centro Histórico, pues “sigue cobrando”.
Al hacer un recuento del proceso de privatización del servicio de agua en la capital poblana, señaló que fue el exgobernador Rafael Moreno Valle quien impulso el proceso con una iniciativa que fue aprobada por la LVIIII Legislatura; y que el el exedil panista, Eduardo Rivera Pérez, fue quien “de una manera vergonzosa le quita facultades al Cabildo para darle paso a la privatización».
Resaltó que está tarde, en sesión de Cabildo extraordinaria se presentará un nuevo dictamen que busca la participación de los tres órdenes de gobierno, para auditar la parte técnica, jurídica y financiera, así como las faltas al contrato por parte Concesiones Integrales y proceder a la revocación por incumplimiento, sin ningún tipo de penalización para el Municipio ni para el Estado.
El dictamen elaborado por la Comisión Especial del Agua también obligará a transparentar los procesos y formas en las que se dieron las licitaciones correspondientes y sus modificaciones.