La minuta aprobada ayer en el Congreso del Estado, señala que tanto la revocación de mandato (presidente y gobernadores) como la consulta, serán organizadas por el INE y los organismos electorales estatales.
La revocación de mandato y la consulta popular, son instrumentos democráticos que debe ser utilizados con responsabilidad para evitar el riesgo de que se implementen para beneficios de algunos, así lo consideró la presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez.
En entrevista, consideró que todo aquello que implique que la ciudadanía participe y tome decisiones, es benéfico y abona a la democracia, siempre y cuando sea bien utilizado.
Lo anterior, luego de que ayer los integrantes del Congreso del Estado sin mayor observación aprobaron por mayoría la minuta de reforma constitucional federal en materia de revocación de mandato y consulta popular.
En ese sentido, las reformas establecen que tanto el proceso de revocación de mandato contra el Presidente y gobernadores, así como la consulta popular, el INE y los organismos electorales estatales tendrán a su cargo en forma directa, la organización, el desarrollo, y cómputo de la votación, y emitirá los resultados de ambos procesos, según corresponda.
Al respecto, la presidenta del órgano electoral local, Piedras Martínez consideró que es “un mecanismo que se debe utilizar con mucho cuidado” y para ello se deben establecer las leyes secundarias y la armonización del orden jurídico local con el federal para incorporar ambos instrumentos democráticos.
“Obviamente se tendrán que establecer medidas, no he revisado cómo quedó la propuesta, pero creo que toda aquello que implique que la ciudadanía participe y tome decisiones obviamente desde mi punto de vista abona a la democracia, sí hay que cuidar las formas, hay que cuidar los procedimientos”, consideró.
Incluso, Elizabeth Piedras recalcó que “es importante lo que la ciudadanía pueda opinar y también es relevante que a quienes les corresponda ser parte de la revocación de mandato o estar en el escrutinio de la ciudadanía, sean responsables y cuidadosos y no lo utilicen para beneficio sino para preguntar a la ciudadanía si están de acuerdo o no con el ejercicio del poder público o cómo están actuando en el cargo”.