Esta situación de omisión estaría permitiendo la contaminación que afecta a 22 municipios de Puebla y 28 de Tlaxcala.
La Conagua, la Profepa y el ayuntamiento de Puebla han incumplido por cinco años con el monitoreo y las inspecciones a las empresas que descargan aguas residuales a la red de alcantarillado y posteriormente en el río Atoyac.
Y es que la Comuna de Puebla capital, así como la Conagua y la Profepa, habrían supervisado solo el 9.3 por ciento de los permisos que se otorgan. A esto, se suma que solo 67 por ciento de los municipios consultados en el país no le dan tratamiento a sus aguas residuales, entre ellos Puebla.
Así lo señala el estudio a cargo de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas “Corrupción en el sector agua ¿Quién es responsable de la crisis?”, la cual reflejó que el bajo presupuesto y el poco personal destinado a las labores de inspección son causas de esta debilidad institucional.
Esta situación de omisión estaría permitiendo la contaminación con desechos industriales al Atoyac que afecta a 22 municipios de Puebla y 28 de Tlaxcala.
De manera general, el informe reportó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha evidenciado en repetidas ocasiones que la capacidad de supervisión del gobierno es limitada.
Asimismo, reveló que los desechos industriales ilegales encontrados en el cauce del río, como el benceno y el cloruro de vinilo, ponen en riesgo a 2.3 millones de pobladores de Puebla y Tlaxcala, pues hay indicios de que pueden generar cáncer.
Ethos Laboratorio reveló que la falta de la operatividad de las plantas tratadoras de aguas residuales genera en el país un costo por la contaminación de 41.5 mil millones de pesos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2018.
Explicó que la contaminación hídrica es ocasionada por los distintos desechos que se vierten legal e ilegalmente a los cuerpos de agua, provenientes tanto de los sectores productivos como domiciliares.
Refirió que existen muchas causas detrás de la contaminación del agua en México; sin embargo, buena parte de ellas dijo se relaciona con la corrupción o con la incapacidad de supervisión de las autoridades del agua, “que genera incentivos perversos para que los concesionarios desechen sus aguas residuales con niveles de contaminantes por encima de lo permitido, sin recibir castigo alguno”.
En México, refirió que para asegurar que las descargas de aguas residuales cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas, existen dos instrumentos principalmente: el automonitoreo y las inspecciones.
En ambos casos, sostuvo que la supervisión está a cargo tanto de la Conagua como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y los gobiernos municipales.
No obstante, precisó que la Auditoría Superior de la Federación señaló que de los 12 mil 402 servidores públicos de la Conagua, solo 45 eran personal acreditado para realizar visitas de inspección a los 531 mil 357 títulos de concesión, asignaciones y permisos registrados en todo el país.
Si bien hoy en día el número de inspectores aumentó a 149, sigue siendo insuficiente para monitorear el cumplimiento de las normas (Conagua, 2019).
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