Los quejosos consideran que la decisión del presidente sobre dicho proyectos, servirá para probar si se privilegia el dinero por encima de la de la vida
Representantes de los pueblos de Puebla, Morelos y Tlaxcala exigieron la cancelación del Proyecto Integral de Morelos (PIM) y llamaron al presidente de México Andrés Manuel López Obrador de demostrar que “el dinero no está encima de la vida campesina”.
En rueda de prensa en Cencos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala-FPDTAMPT y Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos-APPM emitieron su posicionamiento a 13 días de que se anunciara que la termoeléctrica en Huexca, podría reactivarse.
La reunión con medios nacionales fue encabezada por el poblano Juan Carlos Flores Solis, defensor de la tierra reconocido internacionalmente, recordó los riesgos que implica el megaproyecto energético que en Puebla incluye un gasoducto que pasa por zonas susceptibles del volcán Popocatépetl.
Explicó que el gasoducto representa particularmente un alto riesgo a la vida, ya que su trazo se encuentra dentro del mapa de riesgo volcánico del Popocatépetl, que fue elaborado por el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para medir las zonas de riesgo.
Por las irregularidades cometidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas, en el caso del Gasoducto Morelos, en materia de protección civil, tanto el Instituto de Geofísica de la UNAM como el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) han manifestado en diversas ocasiones su preocupación por la construcción de este tipo de infraestructura en la zona volcánica pues aumenta las condiciones de riesgo ya definidas en el Atlas Nacional de Riesgos.
Además de que se pueden presentar fugas y explosiones, producto del gas que transporta el gasoducto, aunado a la contaminación de agua por los derrames de sustancias químicas. Líderes de las comunidades de Morelos, Tlaxcala y Puebla —estados implicados en el Plan Energético (PIM) que se reimpulsará en región centro del país para la generación de energía eléctrica, vinculada a los procesos de minería, fracking e industrialización intensiva– reiteraron su negativa y advirtieron que esta decisión es “una bomba de tiempo”.
Pidieron al presidente de México la cancelación del PIM haciendo respetar los amparos concedidos a Atlixco contra el gasoducto, así como a Huexca, en Morelos, contra dos hidroeléctricas y atender la recomendación 3/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitida el 27 de febrero de 2018, por las violaciones a las garantías de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas y a la información, en relación con el Proyecto Integral Morelos.
Flavio Plascencia Abúndez, ejidatario de Moyotepec reveló que el PIM representa un grave problema de despojo. “Los ejidatarios del Municipio de Ayala no estamos conformes. Llevamos un año seis meses con un plantón para que la termoeléctrica no nos robe la dotación de agua, destinada para las parcelas de cultivo.
El presidente pidió el plazo de un mes para analizar si el megaproyecto funciona o no. Argumenta que son ya 20 mil millones de pesos los que se han gastado en ese megaproyecto”.
Defensores, turno por turno aseguraron que el PIM ha causado represión y despojo de recursos naturales a pueblos originarios de Morelos, Puebla y Tlaxcala mediante el uso de la fuerza pública y el Ejército, así como del encarcelamiento, tortura, soborno a autoridades, grupos de choque. AMLO decidirá si aprieta el botón para activar la bomba de tiempo.
“Debe existir una sanción por las violaciones a los derechos humanos hechas a los pueblos y personas afectadas por el PIM y resarcir los daños causados. Obrador no debe premiar a las empresas que violaron los derechos humanos de las comunidades indígenas, echando a andar la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto, Obrador debe castigar a estas empresas no pagándoles y demandándolas internacionalmente.
Está en manos de Obrador decidir si por fin les hace justicia a los pueblos o si aprieta el botón para activar la bomba de tiempo, violando los amparos concedidos en Ayala, Huexca y Atlixco”.
“Y de una vez adelantamos, que no queremos una consulta nacional, donde Sinaloa decida si Huexca tiene que vivir con una termoeléctrica, Ayala se tiene que quedar sin agua para el campo o si 60 pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala tienen que vivir con un gasoducto en zona de riesgo volcánico y sísmico.
Los que deben decidir son los pueblos afectados. Y los pueblos decidieron desde un principio decir NO al Proyecto Integral Morelos, y el PIM solo ha avanzado a base de la fuerza. Entonces la decisión ya esta tomada por parte de los pueblos desde un inicio, ya no hay nada que decidir, solo hacer justicia a los pueblos y aplicar la decisión que tomaron desde un inicio”, sostuvieron.
Así el FPDTAMPT advirtió que las comunidades no quieren una consulta nacional, piden ser escuchados por el Gobierno; por lo que anunciaron que el próximo 3 de febrero, en Cuautla, Morelos, se llevará a cabo un foro donde se discutirán los riesgos y las consecuencias del Proyecto Integral de Morelos.
“Por eso públicamente pedimos una reunión de los tres estados con el Presidente Andrés Manuel López Obrador una semana antes de que anuncie su decisión acerca de la termoeléctrica de Huexca y exigimos también, la creación de una Comisión de la Verdad sobre este megaproyecto.
El PIM en su primera etapa comprende dos centrales termoeléctricas de 620 megavatios cada una, ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos; un acueducto de 12 kilómetros que transportará 50 millones de litros de agua al día, afectando a por los menos 21 pueblos y ejidos de los municipios de Ayala y Tlaltizapán, Morelos, y un gasoducto de 160 kilómetros con un trazo que atraviesa 60 pueblos en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Además de una línea de torres de alta tensión de 20 kilómetros.