En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas.
A 4 años y 3 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa renace la esperanza para sus familias, el gobierno federal promete abrir archivos clasificados en el ejercicio de la recién creada Comisión Presidencial para la Verdad y el acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Así lo anunció Epifanio Flores, miembro de la Coordinadora por Ayotzinapa Puebla, durante la jornada de memoria instalado hoy en el zócalo de la ciudad. “Estuvimos reunidos con algunos de los padres de los normalistas la pasada semana y nos expresaron, por primera vez, un rayito de esperanza. En los pocos meses que lleva el gobierno federal en funciones se han enterado de la existencia de más expedientes de los que habrían conocido en las 52 semanas de activismo”, dijo el activista en breve entrevista.
Al micrófono y con el fondo de una manta roja con la leyenda “Vivos se los llevaron Vivos los queremos” Epifanio Flores narró a los transeúntes otra vez los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, que consideró como uno de los emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país.
Precisando fechas y nombres, detalló las resistencias del Gobierno del entonces Enrique Peña Nieto para el esclarecimiento del caso.
En un primer momento se negó a investigar el caso argumentando que “los hechos fueron locales”, por lo que la investigación perdió vigencia y oportunidad.
Luego de que manera tardía se retomaran las investigaciones, se alimentó la idea de que el paradero de los jóvenes era imposible de conocer por haber sido incinerados sus cuerpos.
El hecho y las presuntas investigaciones que cayeron por falta de sustento científico, las mentiras, los esfuerzos para enmascarar dijo, sólo ocasionó dolor innecesario y adicional.
“El momento más esperanzador del sexenio de Peña Nieto fue la llegada del Grupo de Expertos Internacionales GIEI, quienes cuando llegaron a conclusiones que implicaban a los gobiernos de todos los órdenes en la desaparición forzada de los jóvenes, fueron prácticamente expulsados del país. Luego de esto sólo hubo estancamiento”, dijo.
El activista dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador cumplió su promesa hecha el pasado 3 de diciembre que señaló la creación de la Comisión para La Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, promesa que fue cristalizada el pasado 15 de enero.
La Comisión estará presidida por Alejandro Encinas Subsecretario de Derechos Humanos y por cinco Padres de Familia de los estudiantes desaparecidos Emiliano Navarrete, Mario César González, Cristina Bautista, Hilda Legideño y María Martínez.
Esta jornada de memoria llevada a cabo en Puebla por el caso Ayotzinapa se hizo en paralelo con otras ciudades del país. Ciudadanos rompen cercos informativos tomando las plazas públicas e informando los avances en el cumplimiento de verdad y justicia para los padres y madres de los normalistas.
El caso Ayotzinapa Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968.
Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses.
De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos.
Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.
El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud.
En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.
A pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución, la obstrucción de la investigación por parte de las Autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos.