El sábado 23 de septiembre, filas de hombres y mujeres fueron obligados por los cárteles a colocarse en dos filas en la orilla de la carretera de la comunidad conocida como Chamic, una de las puertas de entrada a la zona fronteriza entre México y Guatemala. La mayoría con una mochila al hombro, trataba de ocultar su rostro con paliacates o cubrebocas ante la cámara que los grabó.
¡Puro Sinaloa!, gritaban algunos en alusión al Cartel de Sinaloa (CDS), mientras como si de un desfile militar se tratara, fueron desfilando camionetas adaptadas como tanquetas de guerra. A bordo de ellas hombres con uniforme tipo militar llevaban metralletas y otras armas largas.
Fue un mensaje de guerra dirigido al cártel contrario, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien desde hace poco más de cuatro años entró a la disputa por las rutas de tráfico que pasan por esta región colindante con la frontera de Guatemala.
La disputa por el territorio entre cárteles se ha ido agudizando y en esta guerra quedaron atrapados, solo en esta región, más de 280 mil habitantes de los municipios Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir.
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“Sacaron a mi cuñado de su casa, lo llevaron al parque central de Siltepec. Ahí tienen a los hombres, les preguntan si saben disparar. Los están armando y obligando a enfrentarse. Por favor ayúdanos a difundir”, dice uno de los múltiples mensajes que la población, atrapada en esta guerra, ha logrado enviar.
En el caso de Siltepec, como en el de Motozintla y Frontera Comalapa, las cabeceras municipales están bajo el control del CJNG, pero desde el pasado 7 de septiembre han sido cercados por integrantes del cártel contrario, y por ello intensificaron el reclutamiento forzado de la población, con la intención de que salgan a enfrentarse para romper el cerco.
Desde esa fecha nadie puede entrar ni salir de la zona. No hay abasto de gasolina, de alimentos, y en algunos lugares los grupos criminales cortaron las líneas de energía eléctrica y comunicación.
Las autoridades estatales y federales han negado la gravedad de lo que está padeciendo la población que quedó atrapada en esta disputa entre grupos del crimen organizado, pero fueron los maestros de las Secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) los que oficializaron esta realidad.
Unos 5 mil maestros que atienden en los municipios de las zonas sierra y fronteriza a alumnos de educación Preescolar, Primaria y Secundaria y Media Superior, suspendieron labores y salieron de la zona, no sin antes enviar oficios a las autoridades educativas.
“Ante la negligencia y ausentismo de las autoridades competentes para hacerle frente a los actos delictivos cometidos por grupos criminales (…) determinamos suspender temporalmente las actividades laborales docentes de todas las escuelas de la zona escolar (…) Tenemos la necesidad y obligación de manifestarnos ante la situación crítica y la ola de violencia que está sucediendo en nuestra región”, dicen algunos de los oficios.
Cómo parte de su estrategia, los dos cárteles de la droga intensificaron el reclutamiento forzado de la población. Algunos testimonios de familiares de las personas que están siendo obligadas a manifestarse en las carreteras, a encabezar marchas de apoyo a uno u otro grupo, o a servir como sicarios.
Explicaron que al inicio les obligaban a pagar multas de 2 mil pesos si se negaban a participar en bloqueos carreteros para impedir el paso de los carros con hombres armados. Luego les ofrecieron pagarles mil pesos diarios a cada joven que de manera voluntaria se integrara; como sus filas no se engrosaban, los empezaron a sacar por la fuerza de sus viviendas.
En los videos que han difundido estos grupos se ven jóvenes y adultos, hombres y mujeres, con ropa gastada y sencilla, porque en esta región más del 80 por ciento de la población se dedica a actividades agrícolas.
Del 7 de septiembre a la fecha uno y otro grupo ha enviado videos de personas colocadas en fila gritando consignas; otros con imágenes de asesinatos, algunos más grabados desde el interior de los vehículos donde se transportan.
Destaca uno de ellos donde una voz con acento centroamericano dice: “Acá puro señor Mencho”. Testimonios de pobladores señalan que los grupos reclutaron pobladores de Centroamérica.
Del lado de Guatemala, militares de ese país colocaron retenes con la intención de tratar de impedir que los enfrentamientos entre cárteles mexicanos se extiendan a su país.
“La Brigada de Operaciones para Montaña se hizo presente en el municipio de Tacaná, con la intención de recuperar el control en el área de jurisdicción, por las amenazas que han venido sufriendo (…) las amenazas por parte de cárteles mexicanos que hoy en día están operando en el área de Motozintla, Chiapas, y que en algún momento y que en algún momento pudieran movilizarse a territorio guatemalteco”, explica un militar de ese país.
“Chiapas, desgarrado por el crimen organizado”, fue el titular del comunicado que el sábado 23 de septiembre envió la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Sus feligreses son parte de la población que quedó atrapada por los grupos del crimen organizado.
También la Diócesis de Tapachula se pronunció. En un comunicado dirigido a los tres niveles de gobierno, ambas Diócesis detallan: el estado vive “tiempos de crisis frente a la violencia estructural e institucional con la presencia de la delincuencia organizada que lacera la vida de las comunidades y los pueblos de Chiapas están sufriendo los asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de nuestros bienes naturales, persecución y despojos de los bienes, fruto de su trabajo”.
Indicaron que los grupos delincuenciales se han apoderado de algunos territorios y la población vive un estado de sitio, bajo psicosis social con narcobloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia.
También reclaman: “el silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y nos demuestra un estado fallido y rebasado yo coludido con los grupos delincuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal”.
Señalaron que los tres niveles de gobierno “hasta ahora han hecho caso omiso a las denuncias de la sociedad civil», por lo que exigieron “la atención urgente a los casos de violencia e inseguridad que está destruyendo la vida de nuestros pueblos». Atender las denuncias de la sociedad civil, girar y ejecutar de manera inmediata las órdenes de aprehensión de los líderes de estos grupos delincuenciales”.
Foto: Especial