Falta de coordinación estatal y de reformas que castiguen la extorsión, son las dificultades que enfrentan Puebla y Tlaxcala para combatir este delito, esto de acuerdo con el informe «La extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas».
El documento elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), señala que la extorsión es el delito más recurrentes en los negocios de Puebla y Tlaxcala, sobre todo, en las micro, pequeñas y mediana empresas.
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En 2022 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó 111 denuncias de extorsión en Puebla y cinco en Tlaxcala, mientras que en 2021 se reportaron 117 casos y 4 casos, respectivamente, y, aunque el número disminuyó en un año, la cifra negra es de 99 por ciento, lo que indica que este delito es, al menos, el tercero más frecuente en la región.
Las amas de casa, tianguistas, despachadores de gasolina y profesionales son las principales víctimas de extorsión; además de que este es un tipo de delito que no solo tiene que ver con el ámbito comercial sino con temas de salud mental, engaño y amedrentamiento.
Para esto, la ONC analizó el tipo penal de extorsión para saber si está actualizado y las penas que existen en las legislaciones estatales, a fin de determinar si el tipo y los procesos para atender el delito es acorde con las nuevas modalidades y los daños que alcanza más allá del patrimonial.
Al respecto, el informe señala que en Tlaxcala los años máximos y mínimos de prisión contra este delito es de 2 a 8 años y en Puebla de 2 a 10 años, mientras que en Chihuahua, Quintana Roo o Morelos va de los 15 a los 30 años de prisión.
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Refiere que no hay una visión uniforme sobre el delito, además de que el rango de multas en ambos estados es el más bajo con menos de 70 mil pesos, en comparación con Coahuila con multas de 520 mil pesos o Estado de México y Quintana Roo con 210 mil pesos dónde además el delito es más penado.
Destaca que Tlaxcala forma parte de las 16 entidades que no tienen en sus Congresos proyectos de reforma que actualicen el tipo penal de extorsión, lo mismo sucede en Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas.
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Solo hay iniciativas en Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León y Tabasco, que buscan actualizar el delito de extorsión de acuerdo a las nuevas modalidades de extorsión a través de las nuevas tecnologías.
Por Iván Muñoz
Foto: Agencia Enfoque