La Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) anunció la presentación de denuncias penales por la comisión de diversos delitos federales, después de que el Patronato de la Universidad de las Américas (UDLAP) encabezado por Horacio Magaña y la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP), incumplieroncon  mandatos judiciales federales para devolver el campus de la institución., como también su administración y cuentas bancarias.

En un comunicado, la FMJS refirió que el pasado 16 de julio obtuvo una suspensión de amparo otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede Puebla, para que las instalaciones sean devueltas de forma inmediata “al único patronato legalmente constituido que preside Margarita Jenkins de Landa”, pero no se ha acatado la orden hasta este martes.

Por lo anterior, consideró que ante la desobediencia reiterada a las suspensiones de amparo, hay conductas ilícitas y distintos delitos federales, “que han sido cometidos durante la incursión del pasado 29 de junio en la UDLAP, tales como allanamiento, usurpación de funciones y falsedad en informes previos rendidos ante la autoridad judicial”.

En particular, acusó a José Daniel Vázquez Millán, presidente de la JCIAP de ser “responsable de diversos atropellos, como imponer un patronato, que a su vez nombró a Armando Ríos Piter como rector de la UDLAP, pasando por alto mandamientos judiciales y estatutos que rigen la vida académica de la universidad”.

Además, consideró que “la fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas, patrocinadas desde el Gobierno del Estado de Puebla, demuestran un clima de persecución que tiene la finalidad de inhibir los efectos de la suspensión para recuperar el campus de la universidad”.

Al final, opinó que el objetivo es “evitar, a través de las amenazas, la presencia física de las autoridades universitarias en sus instalaciones, lo que representa un conjunto de irregularidades para apropiarse de un patrimonio privado; por lo que además constituye un despojo con tintes de expropiación de facto que amenaza la certidumbre de los poblanos”.