Para asegurar la permanencia y conservación del patrimonio en el Estado, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó un punto de acuerdo para exhortar a diversas instancias a que elaboren, implementen, actualicen y supervisen de manera urgente un Plan Integral de Gestión de Siniestros para los recintos históricos y culturales de la entidad.
En sesión ordinaria del Congreso, la legisladora presentó la propuesta que contempla exhortar al Gobierno del Estado de Puebla, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la Secretaría de Arte y Cultura de la entidad, así como a los Ayuntamientos del Estado para que, en coordinación con el Sistema Estatal y las Unidades Municipales de Protección Civil, realicen dicho plan.
Además, se pretende exhortar al titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, en conjunto con la Secretaría de Arte y Cultura y la Coordinación General de Protección Civil para que, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado del próximo ejercicio fiscal y, en su caso, mediante adecuaciones presupuestarias del ejercicio en curso, incorpore, etiquete y garantice recursos para el plan referido.
El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Cultura del Congreso para su estudio y resolución procedente.
En otro momento, la diputada Guadalupe Yamak Taja presentó una iniciativa para adicionar la fracción VIII al artículo 66 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, con la finalidad de sensibilizar sobre el uso y manejo de artificios pirotécnicos, exponer sus riesgos e impactos a la salud y las afectaciones a la integridad de las personas, seres sintientes y medio ambiente, así como la aplicación de medidas para reducir su detonación.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Protección Civil del Congreso para su estudio y resolución correspondiente.
Asimismo, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para adicionar el artículo 292 Ter al Código Penal, con la finalidad de tipificar el acoso laboral como delito y sancionar a quien, en el entorno de trabajo, realice actos o comportamientos sistemáticos y persistentes en forma evidente, sutil o discreta, que atenten contra la salud, la integridad o la dignidad de las personas en dichos lugares de trabajo.
La propuesta establece que se impondrán de 15 días a tres meses de prisión y de cinco a 20 Unidades de Medida y Actualización.
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