En los dos centros penitenciarios del Estado de Tlaxcala hay 784 personas, el 91 por ciento son hombres con 718 reclusos.
Los dos Centros de Reinserción Social (Cereso) del Estado de Tlaxcala, tienen a 158 Personas Privadas de su Libertad (PPL) consideradas como ‘población vulnerable’ ante la contingencia sanitaria por COVID19, esa cantidad representa el 22 por ciento del total de internos.
Con base al Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en los centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria SARS-CoV-2 (CoVID-19), a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en los dos Centros Penitenciarios tanto femenil como varonil hay un total de 784 personas recluidas, de las cuales el 91.58 por ciento son hombres con 718, mientras que el 8.41 por ciento son mujeres con 66.
El total de Personas Privadas de su Libertad en ambos centros carcelarios son 784, la capacidad instaladas en ambos inmuebles es de hasta mil 28 personas, registra una sobrepoblación de menos 244, con un porcentaje de menos 23.7 por ciento de sobrepoblación, según la información dada a conocer en el informe especial de la CNDH dado a conocer en el mes de junio de 2020.
De acuerdo con esa información, del total de PPL el 22 por ciento de la población penitenciaria que corresponde a 158 reos fueron clasificados como vulnerable en el Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en los centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria SARS-CoV-2.
De la población considerada vulnerable hay 19 personas indígenas, 29 que enfrentan padecimientos mentales e inimputables, además de 19 adultos mayores, 87 con alguna discapacidad o patología, y cuatro extranjeros.
También en el informe dio a conocer que en los dos Ceresos de Tlaxcala se han implementado medidas generales, así como entre el personal, informativas, el uso de antisépticos, detección y atención de casos, en ese sentido se han registrado tres casos confirmados de COVID19 y un deceso durante la pandemia.
Las medidas han sido aplicadas tanto a Personas Privadas de su Libertad como al personal y los familiares de las y los internos durante los espacios de visita.
“El informe pone de manifiesto que la emergencia que se vive en nuestro país, y particularmente en los centros penitenciarios a nivel nacional, no solo es de carácter sanitaria sino también social, laboral y económica que requiere de acciones efectivas e inmediatas de las autoridades en los diferentes niveles de gobierno para la implementación de medidas oportunas y eficaces de prevención, control y, en su caso, manejo y gestión de emergencias que, de no atenderse, podría desencadenar en sistemáticas violaciones a derechos humanos”.