Personal del Poder Judicial de Tlaxcala no está capacitado para atender y juzgar con perspectiva de derechos de las personas LGBTI, migrantes, indígenas y con discapacidad, así lo indica el «Diagnóstico Nacional de Justicia Abierta feminista en México«, que publica la organización «Equis, justicia para las mujeres«.
De acuerdo con los resultados, el Poder Judicial de Tlaxcala falla en dos de los siete criterios evaluados. Si bien tiene registro de capacitaciones para juzgar con perspectiva de género, derechos humanos y de las niñas, niños y adolescentes, no tiene registro de capacitación para atender y juzgar a las otras poblaciones señaladas.
El diagnóstico es uno de los acercamientos sobre la realidad de la justicia en México y también la ubicación de los problemas y las tareas pendientes de los poderes judiciales estatales para implementar un sistema de justicia abierta feminista, que garantice el acceso a todas las personas, colectivos y pueblos.
Está construido a través del análisis de siete criterios o líneas estratégicas: la generación de información y estadística accesible; implementación de mecanismos de participación ciudadana; el mejoramiento de la calidad de la capacitación judicial; el fortalecimiento de las unidades de transparencia; políticas de transparencia proactiva; publicación de sentencias y prácticas innovadoras para el acceso a la justicia.
Al respecto, el Poder Judicial de Tlaxcala, además de tener pendientes en la capacitación para juzgar a otros grupos vulnerables, no tiene mecanismos de participación ciudadana que permitan conocer de manera directa las demandas e intereses de la ciudadanía, especialmente sobre los grupos excluidos históricamente.
Por otro lado, está bien evaluado en los otros cinco criterios: tiene registro de los casos que ingresan, con información socioeconómica desagregados e identificación del grupo o comunidad social al que pertenecen; también se publican las sentencias; tiene registro interno de órdenes de protección; tiene registro público de capacitaciones y cuenta con registro público de su personal.
Además, tiene registro de capacitación de su personal en transparencia, cuentan con comité de transparencia legalmente constituido, aunque no hay registro de que cuenten con una política de transparencia proactiva, es decir, no tiene mecanismo para hacer pública información útil sobre los procesos, más allá de los formalismos.
Del mismo modo, no tiene registro de prácticas innovadoras que ayuden a que los ciudadanos accedan a sus procesos judiciales o bien que el poder judicial garantice el acceso a la información y la transparencia de toda la población.
Puebla, sin registro de capacitaciones con otras perspectivas
De acuerdo con el diagnóstico, el Poder Judicial del estado de Puebla es uno de los que cumple con los criterios formales para echar a andar el modelo de justicia feminista.
Los resultados señalan que Puebla tiene registro de casos ingresados con información sobre el sexo o la edad de las partes; tiene registro de las sentencias emitidas con algunas características de las partes; tiene registro de órdenes de protección; incluso el informe destaca una buena práctica del sistema en Puebla con estadística actualizada sobre atención de las víctimas.
Del mismo modo, tiene registro sobre capacitaciones en el Poder Judicial y su personal e informó que sí tiene mecanismos de participación ciudadana.
Sin embargo, falla en las capacitaciones para atender los casos con perspectiva de derechos de los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, derechos de pueblos indígenas, de las personas LGBTI y migrantes.
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