Es necesaria una justicia restaurativa antes de llevar a niveles delictivos como en África, alerta especialista en derechos de los niños
En Puebla y en otros estados del país, lo que hace falta es una intervención integral del gobierno y la sociedad, acompañada de justicia restaurativa, para rescatar a los niños y adolescentes contratados por huachicoleros, indicó Carlos Villagrán Alcaide, presidente del Comité Internacional de Congresos Mundiales por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Al anunciar la participación de la Escuela Libre de Derecho en el Congreso Mundial de la Infancia, donde el tema propuesto por los propios niños y adolescentes es la pobreza, se le cuestionó al especialista en Derecho de la Universidad de Barcelona qué debe hacer México para proteger a sus niños y adolescentes de la delincuencia organizada, que cada vez contrata más menores para tareas de “halcones” y evitar que la situación se salga de control como en África.
-¿Y cuando ya se salió todo de control?
“Las medidas deben ser más efectivas, no preventivas, sino reeducativas y reinsertadoras, que son diferentes; pero hay que intentar la prevención, hay que evitar que eso llegue, no hay que ir poniendo el parche cuando suceda, porque si no, no acabaremos nunca, siempre será una rueda que se irá reproduciendo, tenemos que ir a la causa, la ley y los jueces vamos a dar una solución a lo que ha pasado, pero nuestro objetivo es ir a la causa, que no vuelva a pasar”.
Esto quiere decir que el gobierno debe identificar la causa y combatirla desde su origen de manera integral, con la participación de las diversas dependencias de gobierno, que lleven programas de prevención delictiva, pero además de educación, empleo, salud, desarrollo social y demás áreas que ayuden a la población de manera cercana y permanente, lo cual no ha ocurrido.
Académicos de la Escuela Libre de Derecho, como Francisco de la Fuente y Felipe Salazar, lamentaron que en México no haya un cuerpo jurídico asequible para apoyar a niños en situaciones de violencia o hambre.
Destacaron que la violencia también es una omisión, porque los padres no atienden a los hijos por tener que trabajar todo el día, debido a las condiciones de pobreza en las zonas donde se asienta la delincuencia, y, por otra parte, el estado omite su responsabilidad de atender las causas de los problemas sociales antes de que se salgan de control, como el crecimiento de la actividad de grupos delictivos dedicados al robo de combustible en Puebla.
Muestras de Estado y sociedad ignoran a los niños, es que en Puebla, desde 2015 hay una Procuraduría de Defensa del Menor y hasta la fecha no funciona al cien por ciento.