Integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el relleno sanitario de San Pedro Cholula, clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), retomaron el bloqueo en la carretera a Calpan.
De acuerdo con lo mencionado por las personas inconformes, el bloqueo en cuestión tiene la finalidad de denunciar el incumplimiento de acuerdos por parte de las secretarías de Medio Ambiente y Gobernación.
Acerca de la primera, señalaron que no llevó a cabo la reunión pactada para el 17 de febrero, postergándola hasta por tres semanas y delegando responsabilidades a la Dirección de residuos.
Abundaron que Gobernación estatal tampoco cumplió con lo declarado públicamente, consistente en dialogar con la Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del basurero.
«Por eso vemos que de la boca del gobierno salen puras largas y mentiras y creen que nadie va a decir nada, ni hacer nada, pero sí, sí decimos y sí hacemos», dijeron.
Por eso, en el marco de las Jornadas Globales ‘Justicia para Samir Flores, seis años de impunidad’, volvió a bloquear la vialidad que ya estuvo cerrada por varios meses, durante el año 2024.
La agrupación también manifestó que el caso de Samir Flores Soberanes, opositor al gasoducto Morelos, sigue sin justicia, pues quienes lo mataron se mantienen en el poder y por eso no son investigados.
«Porque las fiscalías tienen órdenes de proteger a los capataces para que el finquero siga ejecutando el Proyecto Integral Morelos, siga poniendo en riesgo a los pueblos cholultecas y del volcán Popocatépetl con el gasoducto, siga contaminando la comunidad de Huexca con la termoeléctrica y siga robándose el agua de los ejidos de Ayala, Morelos», dijeron.
Reiteraron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya confirmó que el basurero de Cholula no tiene vida útil y contamina el subsuelo.
Cabe agregar que, debido al bloqueo de la carretera que conecta al municipio de San Pedro Cholula con Calpan, se registró un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad, destacando policías estatales y marinos, además de funcionarios municipales. (GGPDL)
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