La administración encabezada por el presidente municipal de Tlatlauquitepec, Juan Manuel Téllez, enfrenta una de sus crisis más graves, luego de que trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento denunciaran el incumplimiento en el pago de su aguinaldo, una prestación de ley que hoy se les niega sin pudor, mientras el discurso oficial habla de “humanismo” y “honestidad”.
Para los empleados municipales, el mensaje es claro y ofensivo: no hay dinero para quienes sostienen el funcionamiento del Ayuntamiento, pero sí para familiares, amigos y allegados del edil y del tesorero Pedro Lemini, quienes afirman no conocen de recortes, retrasos ni sacrificios. Ellos sí tendrán una Navidad holgada; el resto, incertidumbre, deudas y angustia.
Los testimonios revelan un patrón alarmante: descuentos arbitrarios, amenazas de despido, presiones constantes y abusos laborales que se han repetido durante más de un año de gobierno. Prácticas que desnudan a una administración que traicionó sus promesas de campaña y hoy gobierna con prepotencia y desprecio hacia su propia base trabajadora.
La indignación crece aún más al saber que el Ayuntamiento de Tlatlauquitepec pretende paralizar el pago del aguinaldo hasta el 31 de enero de 2026, mientras existirían nóminas infladas, pagos elevados a personal cercano y un manejo opaco de los recursos públicos. Para cientos de familias, esto no es un retraso administrativo: es un golpe directo a su dignidad y a su derecho a una vida mínima decorosa.
Cansados de la burla y el silencio, las y los trabajadores advirtieron que a partir de este 20 de diciembre iniciaron un paro de labores indefinido si no se les paga de inmediato lo que por ley les corresponde. Asimismo, exigieron la intervención urgente del Gobierno del Estado, para frenar lo que califican como una cadena de abusos y atropellos encabezados desde la presidencia municipal.
“Ya no pedimos favores, exigimos justicia”, sentenciaron.
«Hoy, el aguinaldo no es solo dinero retenido: es el símbolo de un gobierno que le dio la espalda a su gente y que tendrá que responder, política y legalmente, por convertir la Navidad de sus trabajadores en una pesadilla.»
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