En esas condiciones están los 235 niños y niñas de los diferentes grupos de la escuela primaria de la comunidad de Ignacio Zaragoza.
Desde el pasado sábado 3 de febrero, se registró un atraco al salón de cómputo y la dirección de la escuela primaria Máximo Rojas de la comunidad de Ignacio Zaragoza, municipio de Huamantla, y hasta la fecha los 235 alumnos no han podido ingresar al plantel porque el Ministerio Público aún no levanta la denuncia correspondiente.
Derivado de esa situación, el personal directivo y docente determinó que tomarían clases acomodados en algún espacio disponible de la presidencia de comunidad de Zaragoza, y hasta en el patio, para que no suspendan el avance de los alumnos con el plan de trabajo del ciclo escolar 2017-2018.
Al respecto, los padres y madres de familia decidieron denunciar esa situación, pues a cuatro días de los hechos, la autoridad no se ha hecho presente en el lugar para inspeccionar y proceder con el inicio de la carpeta de investigación con el propósito de dar con las personas responsables del robo a la escuela primaria.
Mencionaron que los ladrones se llevaron equipo de cómputo, pantallas, cañones y otros aparatos que estaba en resguardo en el salón, que por cierto, no había sido inaugurada, así como otros objetos en la dirección de la escuela, y a pesar de los hechos ningún perito se ha presentado.
En tanto, la primaria está cerrada hasta que se realice una inspección y proceder con la denuncia. Por esa situación los alumnos y alumnas, y sus maestros, han tenido que acomodarse en algún lugar de la presidencia de comunidad y hasta en el patio para recibir clases; lo mismo improvisan bancos, mesas, como pizarrón, y rota folios, para poder seguir con el programa educativo del ciclo escolar 2017-2018.
Sin embargo, los padres de familia dijeron estar preocupados por la salud de sus hijos, toda vez que no están bien resguardados para soportar las condiciones climatológicas propias de la temporada de invierno.
Por lo anterior, hicieron un llamado al titular de la Secretaría de Eduación Pública del Estado (SEPE), Manuel Camacho Higareda, para que tome cartas en el asunto, así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que lleve a cabo los procedimientos legales correspondientes para poder liberar la escuela y brindar la atención a la comunidad estudiantil.