De paso rechazó las acusaciones en su contra y señaló a Wendoline Maro de incurrir en diversas irregularidades
La toma de las instalaciones de la SEP-USET obedece a intereses personales de la representante de la delegación D-III-1 de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Wendoline Maro, quien ha cometido una serie de irregularidades. Así lo refirió el secretario de Educación, Homero Meneses Hernández.
De paso rechazó las acusaciones en su contra y señaló a Wendoline Maro de incurrir en diversas irregularidades. El anterior fue su mensaje a través de un audio enviado a los grupos de WhatsApp de directivos, asimismo señaló que cuenta con la documentación que desmiente los 33 puntos “todos falsos”.
Externó previo a las mesas de trabajo en la Secretaría de Gobierno (SEGOB), con integrantes de la comisión, representada por el líder sindical de la sección 31 del SNTE, Cutberto Chávez de la Rosa; en el audio revela que cuenta con la factura que le fue pagado al esposo de Wendoline Amaro por un servicio roscas, las facturas “anteriores que les pagamos”, así como evidencia de telefonía celular, 118 despensas que le fueron otorgadas entre otros.
“La relación se ha venido descomponiendo desde que me opuse a que hubiese un proceso de corrupción en diciembre pasado, están ahí el tema de bicicletas, botellas de whisky, el robo reciente que sufrimos en uno de los almacenes”, por mencionar algunos.
Dijo que hay más datos, su intención es informar las diversas irregularidades para que la autoridad educativa conozca el contexto y no caiga en confrontaciones ante el desalojo del personal de la dependencia.
Homero Meneses refirió que la convocatoria de la asamblea informativa tuvo un giro unilateral por lo que se tomaron las instalaciones, agregó que la inconformidad es porque 30 sindicalizados deben checar su entrada y salida a sus áreas de trabajo y la aplicación editorial por parte de autoridades federales.
También informó que otro tema es la plaza de confianza que otorgó a su sobrino de la representante de la delegación D-III-1 que la “arrebató” a un ex trabajador, debido a que ordenó realizar una investigación “por eso está muy molesta”.
El servidor público también dijo que no se hará uso de la fuerza pública para desalojar a quienes mantienen tomadas las instalaciones y confió en alcanzar los acuerdos para que las actividades se restablezcan.