Sin un marco legal firme, desapariciones forzadas lejos de erradicarse se han multiplicado, familiares de víctimas
Lejos de esclarecerse y erradicarse, las desapariciones forzadas de personas van en aumento en el estado y en el país. Aunque el Estado se encuentra obligado a reparar y garantizar los derechos humanos, investigar las desapariciones a manos de elementos del Ejército y otros órganos del Estado, a legislar adecuadamente la desaparición, poner fin a la impunidad y a reparar a las víctimas y a sus familiares, éstas no han sido cumplidas, reclamaron víctimas de este delito de lesa humanidad en el estado de Puebla.
Minerva Mariano Matías, hermana de Fermín Mariano Matías, luchador social que hace nueve años fue detenido, desaparecido y ejecutado sin que a la fecha el crimen de Estado haya sido esclarecido, aseguró que el expediente en la Procuraduría General de Tlaxcala y en la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue exactamente en el estatus con el que se abrió, sin avance, estancado.
“El expediente sigue abierto pero sin avance. Han pasado nueve años y al menos 8 comandantes diferentes atendiendo el caso, pero todo sigue como entonces, en nada”, aseguró Minerva a URBANO durante la entrevista concedida en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
El 24 de junio del 2009, el poblano de 32 años, Fermín Mariano Matías, luchador social, defensor de derechos humanos, deportista e investigador académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fue ejecutado y hasta un mes después, el 28 de julio de 2009 la familia tuvo noticias oficiales de la entonces Procuraduría General de Justicia (actualmente FGE), luego de mítines, protestas y manifestaciones diarios exigiendo su presentación con vida.
Según los informes periciales de la PGJ del estado de Tlaxcala, desde el 26 de junio por la tarde se había realizado el levantamiento de cadáver en el paraje conocido como la Macabrona, perteneciente al municipio de San Juan Totolac; su cuerpo presentaba seis disparos de dos armas de fuego distintas, calibre 9 mm y .380ACP.
Según la dependencia tlaxcalteca, el cuerpo sin identificar permaneció en la morgue hasta el 20 de julio y posteriormente fue sepultado en la fosa común hasta el 28 de julio, cuando se realizaron los trabajos de exhumación para ser entregado a sus familiares.
El Frente de Lucha por el Socialismo (FNLS) y de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (RedDH) atribuyen la ejecución de Fermín Mariano a su actividad y participación política en Puebla y en donde se presume ocurrió el crimen, la FGE ha ignorado la petición de la familia para que, si no atrae el caso, al menos coadyuve o se establezca una investigación conjunta.
“El caso de Fermín sigue siendo el caso de cientos de miles de familias o compañeros de víctimas de desaparición que se enfrentan a un largo camino de la búsqueda de la justicia para el castigo de responsables materiales e intelectuales” aseguró Ollín Amaro representante del FNLS.
Amaro explicó que aún en casos en los que no se puede demostrar la participación directa del Estado o la existencia de un móvil político en la desaparición forzada de personas, el Estado sigue siendo responsable por la falta de investigación y sanción de los responsables.
Ejemplo de esto es la denuncia de familiares de la desaparición del defensor de la tierra, Sergio Rivera, activista que se opuso a una hidroeléctrica que pretende instalarse en territorio de pueblos originarios pero aunque han realizado manifestaciones exigiendo a Antonio Gali su intervención y al aparato estatal, éste no ha movilizado a sus fuerzas policiales ni aparatos de inteligencia para su búsqueda, como sucede en otros casos.
Desapariciones forzadas, al alza
Este jueves, organizaciones y familiares de personas desaparecidas se manifestaron frente a la FGE para denunciar que las desapariciones forzadas no han finalizado con el simple paso del tiempo y que los tiempos de terror que vivió el país en los años sesentas y setentas por el alto y desproporcionado nivel de violencia que empleó el Estado mexicano mediante sus fuerzas armadas y aparatos de inteligencia en contra de movimientos estudiantiles y armados no ha finalizado, la brutalidad tampoco ha disminuido.
Esta semana, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), familiares y la comunidad de la Sierra Negra denunciaron el caso de Sergio Rivera ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investigue como desaparición forzada
Rivera Hernández desapareció el pasado 23 de agosto en Sierra Negra cuando se dirigía en moto a su casa. Un grupo armado dentro de una camioneta lo persiguió hasta alcanzarlo y luego se lo llevó. A la fecha no se conoce su paradero. Como responsables de su desaparición se ha señalado a las autoridades municipales de Tlacotepec y Zoquitlán y a integrantes y empleados de la Minera Autlán, quienes han perseguido a los opositores del proyecto energético.
Omar Esparza, dirigente del MAIZ, aseguró que aunque hechos ante la Fiscalía Genera del Estado el caso fue ignorado por lo que la denuncia se realizó ante la Procuraduría General de la República (PGR) donde expusieron los antecedentes que se tienen de estos sicarios que han operado durante el mandato del presidente municipal de Zoquitán, Fermín González.
Reciente tipificación, una farsa: FNLS
En Puebla después de diferentes manifestaciones, este 2017 se tipifico como delito la desaparición forzada; pero, para la REDDH y el FNLS, su redacción es tan ambigua que “se puede interpretar como cheque en blanco” para cometer crímenes de lesa humanidad con total impunidad.
Señalaron que en comparación con la legislación internacional “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” se precisa por ejemplo:
Artículo 2
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por «desaparición forzada» el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
Expusieron que la tipificación del Crimen de Lesa Humanidad va en concordancia en lo local y lo federal. Tal es el caso, que en noviembre de 2017 se aprobó la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que si bien en lo referente a la definición de desaparición forzada es parecida a la Convención Internacional, la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada emitió críticas respecto a dicha Ley:
“1.- Bajo el pretexto de que para activar la Búsqueda inmediata y no caer en actos de incongruencia legal, el Estado mexicano deja en el Dictamen el término persona No Localizada. Este término se utiliza también para nombrar el “nuevo registro” de Personas Desaparecidas, el cual llevará el nombre de Registro Nacional de Persona Desaparecidas y No Localizadas. Con lo cual se demuestra que el Estado mexicano, bajo el argumento de “buscar” a todas las personas desaparecidas, oculta intencionalmente la práctica de la Desaparición Forzada que de manera sistemática y generalizada realizan sus propios funcionarios. Además, no crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada.
2.- Para poder garantizar impunidad a los responsables intelectuales de cometer desapariciones forzadas, el Estado mexicano se negó a establecer la responsabilidad de los superiores jerárquicos como lo mandata la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada en su Artículo 6; aun a sabiendas de que esto le traerá como consecuencia graves llamamientos y recomendaciones de las instancias internacionales.
3.- Respecto a la creación de instancias eficaces para la Búsqueda, se crea la Comisión Nacional de Búsqueda, que realmente no es Nacional y que no posee atribuciones ni herramientas necesarias para hacer la búsqueda adecuada en campo, además que no se contempla una instancia específica para buscar a las víctimas de desaparición forzada de los sesentas, setentas y ochentas y noventas.
Eliminaron también establecer, dentro de los mínimos aceptables, el acceso a todos los lugares de probable detención de las víctimas incluidos campos militares y lugares clandestinos.
4.-A pesar de que en varias partes de la Ley General se reconoce la necesidad de contar con un órgano que realmente sirva para la investigación forense, bajo el alegato de no contar con recursos suficientes, el Estado mexicano se negó a crear un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, y sólo crea una figura llamada Banco Nacional de Datos Forenses, que solamente agrupará Bases de Datos, que serán alimentadas por los mismos peritos dependientes de las Procuradurías, de esas mismas Procuradurías que no investigan y que hacen lo imposible para que los familiares de las víctimas no denuncien.
5.- Como ha sido una constante durante más de cincuenta años, y más aún durante este sexenio, el Estado mexicano se negó a integrar cualquier artículo donde se hiciera alusión a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la imposibilidad de que éstas sean juzgadas bajo su propia jurisdicción.
6.- La Ley General no contempla la reclasificación de los delitos, lo cual seguirá dejando a todos los casos que no son investigados como desapariciones forzadas o desapariciones cometidas por particulares sin la posibilidad de exigir que se clasifiquen adecuadamente al momento de entrada en vigor de la Ley.”
“Hasta la actual administración la desaparición forzada en México es generalizada y sistemática. Queda dar el beneficio de la duda a la administración entrante para comprobar si los crímenes de lesa humanidad son transexenales. Espermos que no. Aunque el mantener al ejercito en las calles deja mucho que desear”, expusieron.