Comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla exigen a la empresa canadiense Almaden Minerals reparar los daños ambientales y de salud causados en Ixtacamaxtitlán, luego de reprobar que la minera quiera obtener una indemnización de 200 millones de dólares, tras no concretarse su proyecto, como consecuencia de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
«Alzamos la voz para exigir que todos los daños que provocó Almaden Minerlas Ltd. en el municipio de Ixtacamaxtitlán sean reparados y que las comunidades indígenas sean quienes reciban una indemnización y no las corporaciones millonarias».
Mediante un pronunciamiento, 15 organizaciones indígenas y campesinas, así como de defensa del territorio y los derechos humanos, recordaron que Almaden Minerals, vulneró derechos de las comunidades.
La Brigada de Defensa del Territorio Xochiteco; Cambiémosla Ya; Centro de Estudios Ecuménicos (CEE); Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER); Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y el Territorio de la SNP (CRDBT); Consejo Maseual Altepet Tajpianij; Consejo Tiyat Tlali; Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C.; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC); Movimiento Atzin;Organización Independiente Totonaca (OIT); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Servicios Ambientales Amelatzinhualahtoc A.C.; Unión de Cooperativas Tosepan; y la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (UNITONA), piden se consideren sus estudios y pruebas para evitar que la minera obtenga la indemnización.
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«Hasta este momento, las actividades de Almaden Minerals Ltd. en Ixtacamaxtitlán generaron daños a la población, impactos a la salud y al medioambiente, opacidad, criminalización y estigmatización de personas defensoras, ruptura del tejido social y captura corporativa», situaciones que no han sido remediadas.
«En su comunicado, la empresa minera sigue invisibilizando los derechos de las comunidades y las afectaciones que ya dejó en el territorio y que han sido documentadas por la Unión de Ejidos a lo largo de estos años diez años de lucha, como se puede observar en la Evaluación de Impactos en Derechos Humanos (EIDH) realizada por las comunidades. Asimismo, autoridades federales ambientales y de pueblos indígenas han realizado estudios en torno a los impactos ambientales y sociales en Ixtacamaxtitlán por la minería, concluyendo que esta actividad económica no es factible de realizarse en la región, debido a los múltiples factores impactados que potencialmente desencadenarían la pérdida del ecosistema», se agregó.
Ante ello, dijeron que la Unión de Ejidos exige que las autoridades mexicanas consideren para el procedimiento de arbitraje las afectaciones a los derechos humanos y al medio ambiente que la empresa minera generó en el territorio poblano y que se frene a Almaden Minerals Ltd, y deje de lucrar con este caso.
Cabe recordar que el pasado 27 de junio, la empresa minera canadiense, Almaden Minerals, dio a conocer en un comunicado internacional que solicitó un proceso de arbitraje contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que es un mecanismo del Banco Mundial, y se le brinde una indemnización.
Para ello, la empresa invocó el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés) del cual México y Canadá son parte, denunciando afectaciones económicas por la suspensión de sus actividades.
Esta demanda se da dos años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un acto de reparación y defensa de derechos de las comunidades indígenas, revocó las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía que habían afectado el derecho humano al territorio, a la consulta previa, libre e informada y al consentimiento de la comunidad nahua y ejido de Tecoltemi, en el municipio de Ixtacamaxtitlán en el estado de Puebla, México.
Almaden Minerals Ltd., para este litigio internacional, destinará 9.5 millones de dólares el cual llevará la firma de abogados Boies Schiller Flexner.
Las organizaciones firmantes solicitan en el pronuncianiento, a la Secretaría de Economía, Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, Subsecretaría de Comercio Exterior, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, con base en el Convenio sobre la Solución de Controversias del CIADI, que atiendan la presentación de pruebas y el testimonio de las comunidades indígenas que fueron afectadas por el proyecto minero mientras estuvo en su etapa de exploración, así como la documentación recopilada sobre las afectaciones generadas al medioambiente y los derechos humanos durante todo el tiempo que la empresa minera intentó establecerse en su territorio.
«Por otro lado, solicitamos al Tribunal de Arbitraje del CIADI facilite que la Unión de Ejidos presente su opinión escrita (amicus curiae) como población afectada por el proyecto minero y en calidad de parte no contendiente».
«Consideramos que estos procesos de arbitraje no deberían ser usados por las corporaciones para iniciar demandas en donde no se considera vinculante la opinión de las comunidades afectadas por proyectos de inversión, poniendo en riesgo la protección a los derechos humanos.»
«Exigimos que nunca más un proyecto de extracción se imponga en nuestro territorio. Decimos ¡FUERA! a la minería tóxica en Ixtacamaxtitlán. Reiteramos que nuestro derecho humano a la libre determinación y el consentimiento DEBE estar por encima de los intereses de las corporaciones.»
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