Tlaxcala no ha tipificado en sus leyes los delitos de homicidios cometidos por odio en razón de la orientación sexual.
Puebla forma parte de las siete entidades que concentran casi el 50 por ciento de los asesinatos de personas LGBTTTIQ y ocupa el quinto lugar nacional con 27 crímenes de odio durante los últimos cinco años.
De acuerdo al informe “Violencia Extrema. Los asesinatos de personas LGBTTT+ en México; los saldos del sexenio (2013-2018)”, en el periodo de Enrique Peña Nieto se cometieron 473 asesinatos de odio relacionados a la orientación sexual, a la identidad o las expresiones de género de las víctimas: año con año las cifras fueron en aumento hasta 2017, periodo más violento para la comunidad LGBTTT+ con 92 crímenes registrados por la asociación Letra S, es decir, 6.7 asesinatos mensuales.
Durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, en Puebla se reportaron 27 asesinatos, sumándose a otras cinco entidades con el mayor número de crímenes por odio: Veracruz 43 asesinatos, Guerrero 39, Quintana Roo 33, Estado de México 30, Chihuahua 28 y Tamaulipas 25. Estas entidades concentraron el 47.5 por ciento del total nacional.
A la fecha solo 12 entidades han tipificado en sus leyes los delitos de homicidios cometidos por odio en razón de la orientación sexual. Puebla reformó sus leyes para incluir en los artículos 323 y 330 el tipo de homicidio calificado cuando se comete con odio entre motivaciones que contemplan las “preferencias sexuales” con una pena de 20 a 50 años de prisión.
A estas reformas que se dieron con el empuje de las organizaciones LGBTTT se suman las reformas para tipificar este delito en los estados de Ciudad de México, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes.
Por su parte, en Tlaxcala se reportaron 5 crímenes de odio en el sexenio pasado. El informe detalla que la entidad no ha tipificado en sus leyes los delitos de homicidio cometidos por odio o discriminación en razón de la orientación sexual y/o la identidad de género de las víctimas.
Sin embargo, a pesar de la tipificación del delito, solo el 10 por ciento de los asesinatos de personas LGBT cometidos en México fueron investigados como crímenes de odio, lo que implica que las autoridades dan “poca relevancia a la orientación sexual y a la identidad de género de las víctimas en sus pesquisas, y cuando se la otorgan lo hacen de manera perjuiciada”, refiere el informe.
Las mujeres trans o personas trans con expresión femenina son las más expuestas a sufrir actos de violencia homicida, ya que fueron las víctimas más numerosas con 261 transfeminicidios, lo que representa 55 por ciento del total; seguidas de los hombres gay/homosexuales, con 192 casos, 40 por ciento del total.
Asimismo, se registraron los feminicidios de 9 mujeres lesbianas; los homicidios de 5 hombres bisexuales, o percibidos como tales; y el feminicidio de una mujer bisexual o percibida como tal durante los últimos cinco años.
Letra S refiere que en ese periodo creció 30 por ciento el asesinato por odio y, de acuerdo a las formas en las que se ejerció la violencia, no se pueden considerar «casos aislados» sino crímenes que involucran los prejuicios y el odio hacia las personas LBGTTT y por lo tanto, debe entenderse como una forma de violencia de género y víctimas de violencia machista.
El promedio general de edad de las víctimas fue de 34 años. En los casos de las mujeres trans el promedio de edad fue de 32 años, menor al promedio general; mientras que el promedio de edad de hombres gay/homosexuales fue de 37 años.
Los patrones de violencia se dan en función de la identidad sexual y de género de las víctimas. Mientras que la mayoría de los cuerpos de los hombres gay/homosexuales fueron encontrados en sus domicilios con múltiples heridas provocadas por objetos punzocortantes o asfixiados, los cuerpos de las mujeres trans fueron encontrados en la vía pública o en lotes baldíos con heridas provocadas por armas de fuego y punzocortantes. Mientras que 6 de las mujeres lesbianas fueron ultimadas junto con su pareja o en presencia de su pareja.
Por esta condiciones, la asociación lanza 8 recomendaciones al gobierno federal y a los gobiernos estatales para garantizar la libertad, la dignidad y el acceso a la justicia de la comunidad LGBT; entre ellas destacan: la creación de un registro nacional de delitos cometidos contra las personas LGBTTTI+; acciones para erradicar estereotipos de género de las investigaciones ministeriales y procedimientos judiciales basados en la orientación sexual y la identidad de género de las personas; iniciar investigaciones judiciales bajo la hipótesis de que medió el perjuicio en los homicidios de las personas LGBTTT+.
Del mismo modo, se recomiendan medidas que garanticen la vida de las personas que denuncian asesinatos o actos de violencia, reconocer la red de personas de apoyo a la víctimas durante las investigaciones, la homologación del tipo penal en los códigos del “crímenes de odio o por prejuicio” y diseñar y difundir campañas de prevención de los delitos y la violencia por odio.