La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala informa que fue presentada una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, derivada de los hechos ocurridos en la colindancia de los municipios de Tlaxcala y Totolac, donde un ejemplar canino fue víctima de maltrato.
En días pasados, el Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA) urgió a las autoridades a atender denuncias ciudadanas sobre la muerte de un perro luego de ser quemado, sin saberse con certeza si estaba vivo o no cuando se hizo esto, en la calle Julián Carrillo, en la capital del estado. La organización exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala iniciar una investigación de oficio, conforme al artículo 439 del Código Penal local, que obliga a actuar ante actos de crueldad animal.
«El manejo de restos animales debe realizarse de forma ética. Quemar un cuerpo, incluso si ya ha fallecido, puede alterar indicios valiosos para la investigación”, advirtió el comunicado del Observatorio.
Tras esto, inspectores de la Procuraduría realizaron la verificación correspondiente y, con base en la evidencia recabada, se procedió a interponer la denuncia a fin de que se realicen las investigaciones necesarias y se sancione conforme a derecho. Este caso será atendido bajo lo establecido en el Artículo 435 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, que contempla penas de seis meses a tres años de prisión, así como multas de hasta 400 veces el valor de la UMA, para quienes provoquen sufrimiento a cualquier animal de compañía, de trabajo o de producción. Entre estas conductas se encuentran actos como la muerte injustificada de un animal.
La PROPAET reafirma su compromiso con la protección y bienestar de los animales, así como con la aplicación estricta de la ley para erradicar toda forma de crueldad. El organismo hace un llamado a la ciudadanía para fortalecer la cultura del respeto y cuidado hacia los seres vivos, y reitera que continuará colaborando con las autoridades competentes para garantizar que se haga justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias que establece la normativa vigente.
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