Estas denuncias se suman a las que se enviaron a la ASE la semana pasada contra los ayuntamientos de Tlatlauquitepec, Coyotepec y Yaonáhuac.
El Congreso de Puebla recibió y reenvió a la Auditoría Superior del Estado (ASE) tres denuncias ciudadanas contra los ayuntamientos de Puebla, Altepexi y Xochitlán Todos Santos, que se suman a las tres de la semana pasada.
La Comisión Inspectora del Legislativo aprobó este lunes remitir las demandas a la ASE para que determine el inicio de las investigaciones.
La queja contra el ayuntamiento de Puebla fue promovida por un ciudadano de nombre Victoriano R, quien denunció omisiones administrativas que le impidieron terminar una obra.
Regidores y el síndico de Altepexi denunciaron presuntas faltas administrativas por parte de servidores públicos del gobierno municipal que encabeza el alcalde Pablo Desiderio Miguel, de Compromiso por Puebla (CPP).
Por su parte dos ciudadanos de Xochitlán Todos Santos exigieron realizar una auditoría al presidente municipal Margarito Bolaños del Rosario, emanado del PRI, a quien atribuyen diversas irregularidades.
Estas denuncias se suman a las que se enviaron a la ASE la semana pasada contra los ayuntamientos de Tlatlauquitepec, Coyotepec y Yaonáhuac.
Postergan cuentas públicas 2018
En la sesión de la Inspectora también se aprobó un acuerdo mediante el cual se regresarán a la Auditoría los informes de fiscalización de las cuentas públicas 2018 que el Congreso aún no aprueba.
Esto con el fin de que precise cuáles fueron los resultados positivos que tuvo el nuevo formato de fiscalización, que se ejecutó a partir del arribo de Francisco Romero Serrano a la titularidad de la ASE en noviembre de 2019.
También se aprobó declarar improcedente la iniciativa enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta sobre una nueva regulación de los auditores externos.
La determinación se realizó no por el contenido, sino porque no se atendió la iniciativa a tiempo y la ASE ya seleccionó a los auditores con la ley vigente, así que las reformas propuestas por el mandatario no surtirían efectos sino hasta 2022.
Como la actual legislatura concluye en septiembre, se decidió que la iniciativa se rehaga, se presente de nuevo y sea atendida por la próxima legislatura.