Al celebrarse la audiencia inicial contra los funcionarios públicos de Izúcar de Matamoros acusados de torturar a las periodistas Michelle y Natali López, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión presentó 103 pruebas a favor de las comunicólogas de la Mixteca.
Entre dichas pruebas hubo exámenes psicológicos de las afectadas, los cuales acreditan sus secuelas de salud emocional por la detención que padecieron el 10 de marzo de 2023.
También se exhibieron testimonios de extrabajadores del ayuntamiento comandado por Irene Olea Torres, mediante los que se quiere acreditar la falsedad de declaración de los acusados.
A eso se suman estudios especializados para demostrar la presunta alteración de informes policiales y localizaciones satelitales de llamadas de celulares.
A pesar de lo anterior, la jueza encargada de la causa, identificada como 801/2023, consideró innecesario dictar prisión preventiva contra los imputados para la continuación de audiencia.
La petición de esa medida cautelar la hizo tanto la representación del MP del gobierno federal como la abogada de las periodistas con la finalidad de garantizar la seguridad de sus defendidas, así como de las testigos.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión manifestó su preocupación porque se fuguen los acusados o porque obstaculicen la investigación.
Sin embargo, la jueza, de nombre Lidia Antonio Sánchez, argumentó que los imputados han demostrado disposición al acudir las audiencias, por lo que negó la prisión preventiva justificada.
Ello después de más de 18 horas de audiencia y luego de tres largos recesos, haciendo esperar a la defensa de las periodistas, a víctimas y al público hasta las 4 de la madrugada de este viernes.
La continuación de la audiencia para determinar si se vincula a proceso o no a los supuestos agresores, que son cinco policías y el juez de paz, se llevará a cabo el próximo 16 de julio.
Mientras tanto, la magistrada interpuso a los imputados las siguientes medidas cautelares: firma periódica mensual, garantía económica de seis mil a casi todos los imputados (una de cuatro mil) y no acercarse a las víctimas a menos de 100 metros.
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