La detención arbitraria de la comunicadora María Luisa Ruiz, con más de 30 años de trayectoria periodística en Tehuacán, exhibió nuevamente el desconocimiento y abuso de poder de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, así como la postura evasiva del gobierno encabezado por Omar Toledo.
Ruiz fue privada de la libertad mientras realizaba una transmisión en vivo con su teléfono celular durante un operativo policial. En el video solo se apreciaba su rostro cuando un elemento le exigió identificación; minutos después la transmisión se cortó y la comunicadora fue llevada a los separos municipales, sin que existiera una causa clara ni justificada.
Posteriormente fue puesta a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de usurpación de funciones, argumento que organizaciones de periodistas calificaron como insostenible y criminalizador del ejercicio periodístico. Aunque más tarde fue liberada, la comunicadora denunció un trato prepotente, intimidatorio y agresivo por parte de los uniformados.
El presidente municipal Omar Toledo aseguró no tener conocimiento del caso, pero en una declaración que causó indignación afirmó que en su municipio se respeta la libertad de expresión, aunque sostuvo que “se detiene a quien viola la ley”, frase que fue interpretada como una justificación implícita de la agresión policial.
La Red de Periodistas en Puebla condenó enérgicamente los hechos, señalando que Ruiz fue empujada y agredida únicamente por no portar una credencial de prensa, pese a que ninguna ley obliga a las y los periodistas a acreditarse para informar, lo que evidencia una práctica de hostigamiento y censura.
Condenamos la detención arbitraria, en el municipio de Miahuatlán, de la reportera María Luisa Ruiz, por parte de la policía municipal. Ruiz hacía una transmisión en vivo de un operativo policial, cuando fue empujada y agredida debido a que no portaba credencial de prensa.
— Red Periodistas Pue (@Periodistas_Pue) January 13, 2026
Ante esta agresión directa contra la labor informativa, la organización exigió la intervención inmediata de la CDH Puebla, la capacitación obligatoria de los cuerpos policiales en derechos humanos y libertad de expresión, así como una investigación y sanción contra los responsables.
La comunicadora fue liberada y al salir ofreció una declaración a compañeros reporteros, minutos después familiares informaron que fue trasladada para una valoración médica debido a que se le elevó la presión arterial además de que padece diabetes.
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