El Comité Ciudadano para la Reconstrucción denunció que la administración gubernamental incumplió el acuerdo
Funcionarios del gobierno estatal dejaron plantados a los integrantes del Comité Ciudadano para la Reconstrucción y damnificados del sismo del 19 de septiembre de Izúcar de Matamoros, quienes esperaban la visita en juntas auxiliares, rancherías y comunidades, incluso en la cabecera municipal donde los inmuebles y viviendas destruidas han sido excluidas de los programas de ayuda gubernamental.
Ciudadanos denunciaron la violación al acuerdo firmado el pasado 3 de este mes en la mesa de diálogo en el Centro Integral de Servicios (CIS), entre organizaciones y representantes del gobierno estatal que establecía que funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), Contraloría del Estado, la Comisión de Reconstrucción y de la Secretaría de Vivienda, así como de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) se comprometían al recorrido de zonas afectadas tras el terremoto de 7.1 grados Richter ocurrido el año pasado para el levantamiento de evidencias de daño y eventuales atenciones.
A las actividades que se agendaron desde el gobierno estatal para hoy 17 de mayo, sólo se presentó una cuadrilla de jóvenes de la SEDESO que tras dos horas en la jornada en la cabecera de Izúcar de Matamoros y en San Nicolás Tolentino suspendieron el recorrido por razones que no explicaron.
Afectados de Ayutla así como de la junta auxiliar de Sn Lucas Colucán y decenas de rancherías aledañas y comunidades quedaron esperando la visita y el diagnóstico prometido, perdiendo también su día de trabajo con la esperanza de poder denunciar los daños de sus viviendas tras meses de trámites infructuosos e indolencia administrativa.
Miembros del Comité Ciudadano de Reconstrucción calcularon que quedó pendiente más del 80 por ciento de damnificados que habían solicitado la visita de los funcionarios de las dependencias y dudaron de la calidad del levantamiento de datos en la fugaz visita al municipio que fue el más golpeado por el s19.
“El día de hoy, con una total falta de respeto a parte de la población afectada que vive con dolor y necesidad, los funcionarios primero pretextaron la gasolina, pero cuando propusimos que los habitantes nos hiciéramos cargo del pago del combustible, entonces cambiaron de razón. Finalmente concluyeron la visita sin aceptar una nueva fecha”, denunció Gilberto Maldonado, a quien la comunidad lo elegió como represente órgano ciudadano en Izúcar de Matamoros..
El acuerdo firmado por el gobierno estatal estableció que los recorridos a las zonas y visitas a las viviendas buscaría documentar los casos y se comprometía a dar solución a damnificados que quedaron fuera de la ayuda estatal y de los programas federales por omisiones y errores en el levantamiento del padrón de la SEDATU.
El Comité Ciudadano para la Reconstrucción, formado por activistas, ingenieros, maestros de la sociedad civil y las organizaciones magisteriales, como el Consejo Democrático Magisterial Poblano y sociales como Puebla en Lucha habrían denunciado públicamente que tanto en Jolalpan como en Izúcar de Matamoros habría irregularidades tanto en el levantamiento del censo como en los recursos distribuidos del Fondo Nacional de Reconstrucción.
Entre los casos que el comité ciudadano refirió al gobierno estatal se encontraban damnificados no beneficiados que no alcanzaron a ser considerados dentro del censo de la SEDATU así como afectados que pese a estar en el padrón no habrían sido considerados en las ayudas y permanecen en espera de los recursos.
Constan también en las denuncias damnificados que han recibido doble beneficio, damnificados considerados en el programa estatal fantasma de Cuartos Dormitorios, así como beneficiarios que han recibido el recurso pero cuya vivienda no sufrió daño alguno.
Ingenieros y colectivos anexaron una lista de damnificados cuyas viviendas presentan graves defectos de construcción entregadas por constructoras que se han encargado de “la reconstrucción” en las comunidades.
Después del incumplimiento del gobierno estatal, líderes comunitarios hicieron un llamado urgente a ciudadanos con viviendas afectadas y que no han sido atendidos dignamente, para organizarse en sus comités o consejos de reconstrucción para hacer valer el derecho establecido en el Art. 4° Constitucional, vivienda digna para la población garantizada por el Estado y para exhibir la corrupción de diferentes dependencias en la entrega de los recursos correspondientes, agravios a los que ahora sumarán violencia institucional.