A cinco años del oprobio”, defensores exigen sanción administrativa y penal para los funcionarios que participaron en el operativo de desalojo.
El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión en Puebla solicitó al gobierno entrante abrir el Caso Chalchihuapan y sancionar administrativa y penalmente a los servidores públicos que participaron en el operativo de desalojo así como cancelar leyes represivas que laceran el bienestar de los poblanos.
El pronunciamiento titulado “Chalchihuapan: a cinco años del oprobio” llama a la administración de Miguel Barbosa a cumplir los puntos faltantes de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como el pago de indemnizaciones a los afectados, pruebas balísticas y diálogo con organizaciones sociales.
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La organización de académicos y defensores del debido proceso, apelaron al ejercicio de memoria del 9 de julio de 2014, cuando se suscitó la represión al pueblo de San Bernardino Chalchihuapan por parte del gobierno estatal encabezado por la figura de Rafael Moreno Valle cuyo saldo trágico se cumplía diez días después, al fallecer en un hospital el niño de entonces 13 años, José Luis Alberto Tehuatle Tamayo.
“Chalchihuapan refleja la tragedia a la que todo ciudadano queda expuesto al encontrarse bajo la suma de factores inadmisibles, un gobierno autoritario, la falta de contrapesos políticos, representantes de instituciones colocados “a modo” lejanos totalmente a un genuino sentido de servicio y búsqueda de justicia y un Congreso capaz de proponer y legislar cuestiones que vulneran los derechos de la población”.
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