El Congreso del Estado dentro de una verdadera libertad democrática tiene la obligación de reconocer, promover y defender la vida y la familia.
Tras la manifestación de grupos feministas que piden la despenalización del aborto, la fundación “NACER ES MI DERECHO A.C.” exhortó a los legisladores a no ceder a la presión social y tomar conciencia de sus decisiones, ya que aseguraron se debe trabajar en el desarrollo y derechos de las embarazadas y no avalar el aborto.
Actualmente el poder legislativo se encuentra en la mira porque está cediendo a las acciones de un grupo minoritario, transgrediendo las reglas básicas de la democracia que se refiere al gobierno de las mayorías con lo que se pretende debatir tanto en la forma, en la sustancia y procedimientos, si es posible modificar la estructura vertebral de la Constitución, cuando el derecho a la vida es un pilar de la libertad democrática.
El Congreso del Estado dentro de una verdadera libertad democrática tiene la obligación de reconocer, promover y defender la vida y la familia, ya que del núcleo familiar emerge el futuro de un país, de una nación, por eso la palabra patria tiene su origen en el latín “pater” que significa “padre” lo que conlleva una gran responsabilidad, no le corresponde al legislador decidir en quien vive y quien muere sino todo lo contrario, le corresponde crear las condiciones para la protección de la familia compuesta por un padre y una madre de los cuales únicamente procede la vida de una persona completamente diferente a ellos comprobado genéticamente por el genoma humano, por lo tanto pensar en despenalizar el aborto recurriendo a trampas gramaticales y eufemismos que pretenden confundir a una parte de la sociedad para matar dentro de la madre a un presente ciudadano que se está gestando; jamás nadie podrá ocultar la única verdad acerca del inicio de la vida y del anti derecho el cual muchos diputados y senadores de todo el país quienes pretenden ser los jueces y aplicadores de la Ley para eliminar cruelmente en primer lugar la vida de quien no se puede defender seguido de la psique y alma de una madre que jamás olvidará que mató a su hijo en complicidad del Estado y un falso equipo médico, eliminando así miles de generaciones hasta el final de los tiempos.
Es importante insistir a la autoridades, las cuales ya deben tener conocimiento claro del contenido del capítulo quinto fracción cuarta de la Constitución Política del Estado que habla de la FAMILIA, el artículo 339 sobre el delito de Aborto del Código Penal del Estado y demás artículos plasmados en nuestra Carta Magna y tratados internacionales, protegen la vida desde el momento de la concepción, por lo tanto acudiremos de igual forma en defensa del neonato que despenalizar el aborto significa equipararia su muerte con un homicidio calificado.
En “NACER ES MI DERECHO A.C.” estamos dispuestos a defender el derecho a la vida y las garantías consagradas en nuestras Leyes por lo que exhortamos a los legisladores de nuestro Estado a tomar conciencia de la gran responsabilidad que tienen no solo frente al Estado sino frente a las familias mexicanas que necesitan políticas públicas que favorezcan el buen desarrollo y derechos de la mujer embarazada, de la persona en gestación, del bebé recién nacido hasta el final de su vida.
Lo cual implica que se haga énfasis en aumentar la pena a los violadores, en exigir al padre cumplir con las pensiones alimenticias para evitar la violencia, maltrato y abuso dentro del núcleo familiar; formar al varón en el ejercicio responsable de su sexualidad y paternidad evitando así tener hijos por doquier.
¿Dónde queda la Justicia legal y real para quienes han sido víctimas del delito de Aborto, quedando impunes por años?
Tal es el caso emblemático del Dr. José Miguel González Moreno en contra de la menor de edad Paola Donají al haberle provocado un aborto a los cinco meses de gestación que consta en denuncia ante la Fiscalía dentro de la Averiguación Previa 71/2016/DMZN-IV y que a pesar de haber seguido todo el procedimiento legal aún el día de hoy sigue sin resolverse y no se ha consignado al médico responsable ejecutor del delito de Aborto que es un homicidio, quien además ha sido señalado públicamente en medios de comunicación por dos pacientes más por incitación al aborto o violencia obstétrica.
Desgraciadamente en la actualidad nos preguntamos ¿Qué es el Estado? y ¿Qué es la Justicia?, ya que los ejecutores se contradicen una y otra vez confrontando sus posturas de manera subjetiva y fenomenológica de acuerdo a intereses personales que no corresponden a una realidad objetiva, encaminada al bien común; sino por el contrario pretende destruir lo que por millones de años de evolución y de creación el hombre ha desafiado, conquistado y desarrollado sus capacidades hasta un máximo punto; hoy de un solo plumazo pretende eliminar y disminuirse para inventar un mundo y una humanidad nueva construida bajo criterios meramente humanos, faltos de conocimiento con respecto a los temas que tocan, en este caso, embriología genética, medicina entre otros desacreditar el estudio de tantos siglos es no darle el valor y reconocimiento a la evolución y a la ciencia por ejemplo la construcción de un nuevo ciudadano a la medida de ¿Quién?.
Concluimos que la vida no se negocia, que ustedes diputados representan los intereses superiores de la población en general, mucho más aún para quien no se puede defender, llámese neonato o madre embarazada y que la violencia ejercida hacia una mujer no solo es física sino psicológica, que no sea el Estado quien violente a la mujer y a la familia que sea el Estado órgano regulador de las relaciones sanas entre la familia y el Estado.
Pedimos que la sociedad despierte de este gran letargo en la que se encuentra para defender a las futuras generaciones que seguramente son sus hijos, sus sobrinos o sus nietos y defender y proteger abiertamente el derecho fundamental a la vida y al ejercicio pleno de la patria potestad.
Que las leyes no se crean para violentar los derechos como en el caso de grupos sociales que exceden el derecho de la libertad de expresión e incitan a la comisión de delitos contra el orden constitucional del Estado.