Representantes de organizaciones sociales, investigadoras,  activistas y feministas, reprocharon a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a su titular José Antonio Aquiahuatl Sánchez, por seguir investigando las muertes violentas de mujeres tlaxcaltecas como homicidios dolosos y no como feminicidios.

Sentenciaron que de esa manera el órgano de procuración de justicia en la entidad está desobedeciendo una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a la investigación con perspectiva de género de toda muerte violenta de mujeres, incluido el suicidio.

Al respecto, la activista e integrante la Red de Abogadas Feministas de Tlaxcala Herminia Hernández Jiménez, durante el conversatorio virtual umbo al informe alterno a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés) 2020, expuso que en Tlaxcala se registran 13 muertes violentas de mujeres de enero a abril de este año, sin embargo los casos no están siendo investigados bajo el tipo penal del feminicidio.

Explicó que consideran esos 13 casos de asesinatos de mujeres como feminicidios por las “circunstancias en las que se han encontrado los cuerpos por el  nivel de violencia y que cuentan con características de feminicidio y, sin embargo, la PGJE abre carpetas por homicidio doloso”.

En ese sentido, la directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), Edith Méndez hizo énfasis en la necesidad de diagnósticos especializados y pasar de la política pública de escritorio a una política especializada y comprometida con la perspectiva de género.

Incluso,  recordó que  en el trabajo realizado por el colectivo y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en el que se muestran los reportes de los años 2017 al 2019, se da cuenta que apenas hubo  tres sentencias condenatorias de nueve carpetas de investigación iniciadas por el delito de feminicidio.

Pero ese índice de efectividad es preocupante al conocer que del 2008 al 2019 sumaban 137 feminicidios en el estado de Tlaxcala, pero se advierte que existe una “cifra negra” de casos que no son ventilados en la prensa ni atendidos por las instituciones.

En ese conversatorio también la abogada y activista Herminia Hernández Jiménez sentenció que la PGJE no ha cumplido con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la sentencia sobre el caso de Mariana Lima Buendía, para investigar toda muerte violenta de mujeres como feminicidio.

También, recordaron que Tlaxcala acumula tres solicitudes de alerta de género; la primera de 2015 por trata de personas y violencia sexual, la segunda de 2017 por violencia sexual y feminicidio, y la tercera por feminicidio, violencia contra las mujeres y trata de personas presentada en el año 2019 a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y la opacidad en los avances de las recomendaciones hechas al Gobierno del Estado en las dos peticiones de alerta de género para la entidad.

En lo particular, Luz María Vázquez y Herminia Hernández reprocharon que la ex secretaria de gobierno y ahora titular de la  Secretaría de Turismo  (Secture), Anabel Alvarado Varela, reservó los informes sobre los avances y el cumplimiento de las recomendaciones.