Parte de las acciones que realizamos desde las organizaciones de la sociedad civil está la de observar el actuar de las autoridades para el cumplimiento de sus funciones, no sólo porque están recibiendo un salario con dinero que generamos la ciudadanía en todo el país; sino porque muchas de las instituciones que hoy existen han sido por el esfuerzo y gestión de la sociedad civil, porque ha sido necesario institucionalizar los derechos humanos, porque las situación social y económica de las mujeres vive transformaciones importantes que requiere espacios para dar respuesta a las demandas del movimiento de las mujeres.

Gisela Zaremberg en el libro Políticas sociales y género, Tomo I La institucionalización, publicado en 2007 explica el proceso de la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas en América Latina, haciendo un recorrido por los temas que han sido cruciales que componen el marco actual de la agenda en favor de la equidad de género y cómo la cooperación internacional y los gobiernos han generado innovaciones al respecto; llevando en el plano nacional que se abarquen desde el ámbito legislativo, el ejecutivo y el judicial, realizando desde el diseño, la implementación y la evaluación de políticas a nivel federal, estatal y local.

Conocer el camino, que desde hace ya varios siglos, hemos creado y seguido los movimientos de mujeres para ser nombradas y tener voz en la toma de decisiones y la construcción del Estado, es necesario para no olvidar nuestro derecho de exigir que cumplan con las obligaciones que han permitido, hasta cierto punto, cambios y avances para el ejercicio y la garantía de nuestros derechos.

Después de un largo camino de construcción durante la década de los 90’s, en América Latina se inicia la institucionalidad a favor de las mujeres en 19 países, donde México es el penúltimo de la región en establecer una institución a cargo de los temas de mujeres y género, logrando en el 2001 la creación del Instituto Nacional de las Mujeres con base en la idea de que el ejercicio de los derechos de las mujeres como ciudadanas es un requisito para democratizar el país; lo que implicó campañas intensas de presión al gobierno por parte de grupos de mujeres, enfrentando una poderosa resistencia cultural y política que o habían considerado la dimensión de género.

Como entonces, y hasta ahora, ha sido todo un reto que los mecanismos para la protección y defensa de nuestros derechos cuenten con el adecuado apoyo político y financiero, ya que ha dependido del contexto político y social el avance o los obstáculos; por tal motivo, no es de sorprender que quienes gobiernan y toman decisiones mantengan posturas de resistencia y falta de interés; por otro lado, no se justifica que las instituciones conserven acciones que caen en la simulación sólo para responder de manera obligada a una política pública dada, pues no sólo el tema de la simulación ha representado un fuerte obstáculo, sino que ha sido una razón de gran peso para avanzar de manera muy lenta en la erradicación de la violencia contra las mujeres y en los avances de lograr la igualdad entre mujeres y hombres; pero también las graves omisiones que constantemente realizan las instituciones encargadas de atender, prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, pues se ha convertido en la violencia feminicida en la que hoy nos encontramos niñas y mujeres en todos los rincones del país.

Hace unos días, durante una entrevista con un medio local, me preguntaban que qué consideraba que hacía falta para que cambie la situación tan grave de violencia que se vive en nuestro estado, ante un panorama tan complejo no sólo social y cultural de Tlaxcala, sino donde las mismas instituciones parecen no dar respuesta concreta a esta realidad que nos está rebasando, pues si bien es cierto que el contexto de la pandemia ha demostrado las condiciones en las que vivimos las mujeres, también ha reflejado las fallas de las políticas públicas para enfrentar estas problemáticas; y claro que cuestionamos el quehacer de las autoridades y sus declaraciones, pues han demostrado desinterés, falta de compromiso político e incumplimiento de sus obligaciones, pero también observamos en la población un fuerte desconocimiento de cómo impacta la violencia contra las mujeres y la urgente necesidad de ser más quienes exijamos a las nuestras autoridades que trabajen con seriedad ante estas realidades que ha quitado la vida a mujeres y niñas sin importar qué partido esté gobernando, somos corresponsables de la creación de estas políticas.

Hacen falta políticas públicas de prevención a la que puedan acceder todas las mujeres y que incluyan el enfoque de masculinidades para modificar las prácticas machistas y misóginas, pues basta con navegar unos minutos en las redes sociales para encontrarse con comentarios que justifican y minimizan el ejercicio de las violencias contra niñas y mujeres, normalizando los estereotipos y roles que son parte de las desigualdades y agresiones que experimentamos en los social y en las instituciones.

Así, se reúnen los mandatarios a darse palmaditas en la espalda de un trabajo que no han hecho, por declarar discursos políticamente correctos, demostrando la ignorancia y la falta de interés que tienen para atender las problemáticas de las mujeres, negando un contexto feminicida, invisibilizando a la mitad de la población, dejando en la mira sus prácticas misóginas, institucionalizando el machismo.