Gizeh Castelán fue asesinada el 1 de agosto de 2016 por cuatro personas, dos de ellas mujeres que fingieron el robo de la camioneta de la víctima. 

En Puebla, un menor de 9 años de edad no ha recibido la pensión que le correspondía tras el feminicidio de su madre registrado en 2016.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) no ha cubierto la prestación.

El niño,  quedó a cargo de la familia de Gizeh Castelán Castro, que era madre soltera y que al momento del crimen tenía solo seis años de edad.

Este pequeño es uno de los 126 menores de edad que en los últimos años han quedado huérfanos por los feminicidio que se registran en Puebla y que, según palabras de la diputada Rocío García Olmedo, han quedado en el olvido.

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Los familiares de Gizeh y del menor, se manifestaron este martes frente a las instalaciones de Casa Aguayo, para también denunciar dilación en la sentencia contra los tres feminicidas confesos.


El asesor legal de la familia, José Pablo López Rangel, calificó como «una burla» el juicio que se realiza a los imputados, pues no ha habido ni una sola audiencia ni justicia para el hijo de la víctima. 





SUSPENDEN AUDIENCIAS

De acuerdo a la denuncia, se ha suspendido en más de 30 ocasiones la audiencia intermedia programada desde 2016, sin embargo ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) les pide condonar a los delincuentes la reparación del daño.

Vicente Castelán, padre de la víctima, acusó que el martes pasado la FGE les indicó que dos de las personas detenidas, pretenden un juicio abreviado, pero para esto debe otorgar el perdón moral y no pedir la reparación del daño, lo que dijo solo beneficia a quienes asesinaron a su hija de 30 puñaladas, mientras que su nieto perdió a su madre.

También acusó que el consejero jurídico, Ricardo Velázquez Cruz, no le ha brindado el apoyo económico y legal que instruyó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, el pasado 3 de septiembre.

Gizeh Castelán fue asesinada el 1 de agosto de 2016 al salir de su trabajo en el ISSSTEP donde era auxiliar dental. Su cuerpo fue abandonado debajo del puente de Azumiatla, en la 11 sur, con 30 puñaladas en la espalda.

De este caso hay cuatro personas relacionadas, dos mujeres y dos hombres: Guadalupe N y Ana Karen,  así como los hermanos de esta última. Ana Karen salió en libertad luego de que se entregaron sus hermanos.


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