Hay 20 mil unidades económicas manufactureras en la cuenca y apenas 219 trámites de manifestación de impacto ambiental
En lo últimos 25 años la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solo ha sancionado a tres industrias por contaminar el río Atoyac con la imposición de multas que apenas suman 400 mil pesos, tras 19 emergencias sanitarias o de salud pública en Tlaxcala.
Lo anterior fue dado a conocer por el investigador de la UNAM, Samuel Rosado, durante el “Foro de consulta ciudadana” organizado por la Semarnat.
Allí, señaló que las empresas que contaminan los ríos en la entidad solo pagan en promedio 33 mil pesos de multas por descargar contaminantes; es decir, pagan para resarcir el daño un promedio de 0.55 centavos por cada ciudadano.
Samuel Rosado destacó que en México la Profepa cobra por multa un promedio de 107 mil pesos por emergencia ambiental, mientras que la Unión Europea sanciona a las empresas con 240 millones de pesos semestrales, multas que sirven de medida para que adopten mecanismos que reduzcan la contaminación ambiental.
El monto acumulado de multas impuestas en 25 años no corresponde con el grado de contaminación y deterioro ambiental de la cuenca Atoyac-Zahuapan que, según el investigador, revela una inclinación a favor de las empresas y no a favor de la salud de los pueblos donde se vierten al año 199 millones de metros cúbicos de aguas residuales y que coloca a la cuenca como uno de los dos ríos más contaminados del país.
El investigador destacó que hay 20 mil unidades económicas manufactureras en la cuenca y apenas 219 trámites de manifestación de impacto ambiental, lo que representa una pérdida de ingresos por multas que podrían ayudar a financiar un plan integral de saneamiento.
Por último, consideró que mientras no haya recurso destinado a metas claras y específicas para el saneamiento del rio Atoyac-Zahuapan, las dependencias federales y los gobiernos de Puebla y Tlaxcala solo estarán simulando la integración de un plan de saneamiento que va más allá de construir plantas de tratamientos de aguas residuales cuestionadas por los pobladores como obras de corrupción que no atienden el problema de fondo.