Los presuntos responsables podrían hacerse acreedores a multas de 100 y hasta 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La delegación en Tlaxcala de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausuró de manera total temporal los trabajos de construcción de cuatro cabañas y dos asadores en predios forestales del municipio de Nanacamilpa, tras la remoción de vegetación forestal de la zona y el cambio de uso de suelo de terrenos forestales sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Además, la Procuraduría Federal en la entidad, encabezada por Ricardo Heredia Campuzano, dio a conocer que el 11 de julio realizaron inspecciones a minas del Ejido de “San Francisco Cuexcontzi”, del municipio de Cuapiaxtla, y Ejido “San Marcos Guaquilpan”, ubicado en Calpulalpan, en los que se observó afectación de vegetación forestal de matorral desértico en una superficie 2.81 hectáreas, y de arbolado de encino en una superficie de 2.505 hectáreas, respectivamente, por lo que fueron clausuradas sus actividades.
En ambos casos no se presentó la autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y de aprovechamiento de arbolado, motivo por el cual con fundamento en el artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa) se impuso la clausura total temporal de las actividades realizadas y el aseguramiento precautorio de maquinaria.
Mientras que el 12 de julio, el personal de la Profepa realizó tres visitas de inspección a cuatro cabañas ubicadas en predios forestales en el municipio de Nanacamilpa, de las cuales en dos se observó la remoción de la vegetación forestal de la zona y el subsecuente cambio de uso de suelo en terrenos forestales, sin que se presentara la autorización emitida por la Semarnat.
Por lo anterior, con base en la ley se impuso como medida de seguridad la clausura total temporal de cuatro cabañas y dos asadores.
Los presuntos responsables de esas faltas ambientales podrían hacerse acreedores a multas de 100 y hasta 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y podrían ser obligados a llevar a cabo la restauración de la zona afectada, independientemente de las sanciones penales que resulten.