El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local alertó sobre la agudización de la industrialización en la zona de la Cuenca del Alto Atoyac y la profundización de la devastación ambiental, en un contexto global que exige a México mayor producción industrial a bajos costos.
El «XXI Informe de Actividades: Tejiendo resistencia comunitaria en nuestra cuenca Atoyac-Zahuapan», advierte de la exigencia de Estados Unidos para industrializar aún más a México a costa del medio ambiente.
Lo anterior será irreversible si el gobierno estatal no defiende el territorio y a la población desde un enfoque de derechos humanos que reconozca el valor de la salud de las comunidades y un medio ambiente limpio.
Sin embargo, el diagnóstico del Centro es desalentador para la entidad en la que se reconocen acciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo de corte neoliberal y privatizador, con políticas de simulación y equivocadas.
El informe enlaza los tres grandes problemas de la entidad con las políticas neoliberales que persisten y se han profundizado aún con un gobierno de Morena: la industrialización descontrolada ha contribuido a la devastación socioambiental, al menos del tramo que comprenden los ríos Atoyac-Zahuapan, pero también la creación de redes de trata que derivan en la violación sistemática de otros derechos humanos.
Centro Fray Julián Garcés acusa simulación del gobierno para atender problemática
Aunque en el informe reconocen pequeños avances impulsados por la recomendación 10/2017 de la CNDH sobre la contaminación de los ríos y sus efectos en la salud de la población, las acciones han sido equivocadas o de simulación, como la instalación de plantas de tratamiento de descargas residuales.
Por un lado, señalan que el corte neoliberal del gobierno morenista ha sido la promoción de la inversión industrial sin condicionantes medioambientales.
Por otro lado, el corte privatizador se da ahora con el impulso de la fracción parlamentaria de Morena de la propuesta de ley para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, que privilegia la inversión y favorece a las empresas con el modelo privatizador en el suministro de agua, anulando la participación de las comunidades como cuidadoras de sus territorios.
A esto se suma la constante negación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a las problemáticas, dice el informe.
«La gobernadora minimiza la operación de las redes de tratantes. Sin vergüenza, ha señalado que la trata no existe, mientras que en un doble discurso se dice preocupada por la violencia hacia las mujeres (…) La realidad que observamos en los corredores de explotación y en las comunidades afectadas, indican que la problemática sigue creciendo».
Datos del Centro Fray Julián Garcés revelan que en 2021 se interpusieron 79 denuncias por explotación sexual y de enero a mayo de 2022 se recibieron 37 denuncias; es decir, un total de 116 denuncias en 17 meses, de las cuales solo se inició una carpeta de investigación; mientras que el resto de los datos de 2022 se reservaron por la PGJE.
Según el Centro, la política estatal ha privilegiado la industria y el turismo, minimizado la devastación socioambiental y la trata de personas para ajustar su discurso progresista.
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