Con la creación de 60 procuradurías se atenderá arriba de 8 mil expedientes, lo que representará un incremento de más del 500 por ciento

De los 370 mil menores de 15 años en Tlaxcala, alrededor del 3.5 por ciento sufren alguna vulnerabilidad, es decir un poco más de 14 mil menores se encuentran en esta condición, así lo dio a conocer el titular de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, Enrique Acoltzi Conde.

Actualmente realiza un diagnóstico del tipo de vulneraciones de las que son objeto los menores de edad de los 60 municipios para dar una atención más certera, anticipó que, desde la presente administración estatal, se inició una política pública para crear en los ayuntamientos las Procuradurías Municipales de Protección, mismas que han firmado los convenios respectivos para que próximamente inicie su operatividad.

Ejemplificó que la dependencia a su cargo atendió mil 600 expedientes relacionados con la vulneración de los derechos humanos y garantías individuales, tan solo el año pasado.

Con la creación de las 60 procuradurías de protección se tendrá la capacidad de atención arriba de los 8 mil expedientes, lo que representará un incremento de más del 500 por ciento; para 2023 contempla que la cifra sea superior.

En entrevista, destacó que las principales vulneraciones son la omisión de cuidados en el seno familiar hasta lesiones provocadas por los descuidos de los padres de familias, es decir sufren lesiones corporales.

Otra de las agresiones es de carácter sexual, en ese aspecto se atienden cinco expedientes, incluso ya se encuentran en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para su investigación.

Sin embargo, aclaró que los agresores sexuales de estos menores no son integrantes del seno familiar; más bien son externos pero que tienen una relación en segundo plano.

De paso subrayó que el 95 por ciento de los expedientes atendidos son por omisiones de ciudadanos; porque no los llevan a la escuela; que no estén registrados; que tengan lesiones por descuidos, por falta de vigilancia y omisión de los papas; el que no tengan buena alimentación y el que no estén ejerciendo cualquier otro derecho de manera adecuada.

Enrique Acoltzi, reveló que para los casos de vulnerabilidad sexual, el 50 por ciento ya cuentan con orden de aprehensión y en su mayoría los responsables han sido detenidos.

Referente a la violencia familiar y omisiones son sanciones distintas, donde interviene un grupo multidisciplinario con un sicólogo, un asesor jurídico y trabajador social, dependiendo del nivel de complejidad del conflicto y son canalizados al juzgado de lo familiar, al ministerio público o se le da seguimiento en cuanto a terapias y recomendaciones de trabajo social.

Concluyó que las sanciones aplicadas van desde la pérdida de la patria potestad; el resguardo de los menores en los albergues, para que el caso se pueda de manera adecuada a través de los lineamientos de la psicología, y los papas reciban terapia o bien acudan a la escuela para padres y mejorar sus conductas.

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