Madres de familia del municipio de Tepatlaxco de Hidalgo acusaron al edil de dicho municipio, Julio González, de querer imponer la construcción de un proyecto de vivienda en unos terrenos privados, que presuntamente pertenecen a la comunidad.

Asimismo, señalaron que están siendo intimidadas por policías de la demarcación aludida con motivo de su oposición y subrayan que, por alzar la voz, las quieren criminalizar.

Detallaron que el proyecto impulsado por Julio González tiene como objetivo edificar unas Casas del Bienestar en donde se encuentra una institución escolar, de la que, aseguran, tienen escrituras.

Sostuvieron que el político en cuestión no ha trabajado en beneficio de la población, pero piensa en lucrar con los terrenos del municipio.

“No contamos con drenaje, hay muchas necesidades, y él calla, no apoya ni aporta. Pero sí quiere venir a hacer negocios con nuestra comunidad escolar, y no lo vamos a permitir. Esperamos que el gobernador nos haga justicia. No estamos en contra del proyecto de las casas, pero sí de que quieran construir en terrenos que somos poseedores, acotaron.

En otro orden de ideas, mencionaron que un trabajador de la Secretaría de Gobernación de Puebla, llamado Isauro Crisóforo Rendón Vargas, les mandó un citatorio para tener una mesa de trabajo, pero en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Eso último lo calificaron como un acto de intimidación o como un intento de querer tratarlas como delincuentes.

“Solicitamos a Julio González que deje en paz las tierras de nuestra comunidad escolar, y le pedimos al gobernador Alejandro Armenta que intervenga conforme a la ley. El doctor Isauro Crisóforo Rendón Vargas, director del Gobierno, nos mandó citar a la Fiscalía para acudir a una mesa de trabajo con fundamento en unos artículos que ni siquiera se nos explicaron. ¿Qué facultad tiene el doctor para enviarnos a la Fiscalía? ¿Qué hemos cometido para que nos llamen? ¿Bajo qué número de investigación nos mandan traer?”, declararon.

Finalmente, indicaron que interpondrán una queja en la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, así como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo el argumento de que están siendo objeto de violencia de género.

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