Esta contienda electoral representa la posibilidad de contar nuevamente con una mujer al frente del gobierno, y será histórica debido al número de candidatas.
Los derechos políticos y electorales de las mujeres no sólo están centradas en la participación y liderazgo para que sean representantes y tomadoras de decisiones; sino que también nos permite a todas las mujeres ser copartícipes de las decisiones públicas y que nos afectan para bien o para mal.
Si bien hemos mencionado que el que sean mujeres quienes ocupen los cargos públicos no es garantía de posturas feministas o en beneficio de la población femenina, en sí mismo representa avances para nuestros derechos y es una muestra de las grandes luchas que los movimientos de mujeres han impulsado para modificar nuestras realidades.
Históricamente, las mujeres colocamos en lo público los contextos que enfrentamos para impulsar en las agendas políticas e institucionales acciones efectivas que atiendan la complejas problemáticas que el sistema patriarcal ha creado y mantenido, y bajo el cual se han regido la mayoría de las instituciones; hemos generado estrategias desde la misma comunidad que se han visto reflejadas en la construcción de marcos normativos, modelos y programas institucionales, pero también acciones sociales; sin embargo, las deudas se acumulan en cada administración.
Los derechos políticos permiten a la ciudadanía ejercer, expresar y participar en el ejercicio democrático, no exclusivamente en la elección de quienes ocuparán los cargos públicos
mediante el voto, sino en la manifestación de las necesidades vigentes de los diferentes grupos sociales, contribuyendo a la creación de estrategias que realmente den respuesta a nuestras necesidades y no se tomen decisiones sin conocimiento o superficiales.
Para Tlaxcala, esta contienda electoral no sólo representa la posibilidad de contar nuevamente con una mujer al frente del gobierno, sino que será histórica debido al número de candidatas que han realizado su registro para la gobernatura, pero también para otros cargos de elección popular en los diferentes niveles de gobierno; de entrada, tendrán que tener garantizados sus derechos en todo momento y procesos en condiciones de igualdad; por lo que el Observatorio de Participación Política de las Mujeres tendrá una importante y necesaria intervención, para monitorear y dar seguimiento a los hechos de violencia política contra las mujeres en razón de género y no sigan invisibilizándose.
Las semanas de campañas electorales deben trascender las promesas repetitivas que cada partido político ofrece de acuerdo a sus principios y consideraciones, donde las mujeres hemos figurado como tema secundario o como discursos forzados, las prioridades son siempre otras y no vemos con claridad cómo lograrán esos “beneficios” para las mujeres; la mayoría de las veces pareciera que desconocen las realidades que vivimos, a pesar de los señalamientos que constantemente hemos realizado la sociedad civil organizada.
La democracia es la forma de gobierno actual, éste se basa en ciertos principios que deben garantizarse para cada persona en un territorio, entre ellos la libertad de participación de la ciudadanía en las decisiones colectivas, la igualdad ciudadana respecto de la dignidad política y la solución pacífica de las controversias; sin embargo, a pesar de esta lógica, seguimos enfrentándonos a un ambiente de violencia, represión y censura, por lo que la participación de las mujeres no debe limitarse al momento del voto o de contender por algún cargo público; sino a participar en todo momento sin esta censura, violencia y omisiones para escuchar nuestras necesidades y dar respuestas. Como lo afirmaba Julieta Kirkwoob, socióloga y cientista política, precursora y fundadora de los movimientos feministas de los años ’80 y de los estudios de género en Chile, “No hay democracia sin feminismo”, sus ideas siempre tuvieron como norte la práctica democrática, que consideraba irrealizable sin la participación de la mujer en la sociedad.
Ante ello, desde el Colectivo Mujer y Utopía A.C. presentaremos una Agenda Feminista a aspirantes a la gobernatura del estado, la cual muestra las deudas existentes para a garantía de nuestros derechos, a partir de la experiencia de la organización desde el acompañamiento integral en situación de violencia y el trabajo realizado con grupos de mujeres de diferentes edades, contextos y ámbitos sobre los ejes temáticos que rigen nuestras acciones; así como del resultado de las mesas de Análisis de Contexto llevadas a cabo durante el mes de febrero.
Los discursos políticamente correctos durante las campañas electorales no son suficiente, no queremos escuchar promesas que incluyan a las mujeres sin los cómo lo harán, sin tomar en cuenta las experiencias de los diferentes contextos; no pueden escudarse desde la ignorancia de estas realidades, los mensajes deben encaminarse para ofrecer opciones y que la ciudadanía pueda construir su propio criterio para elegir a quiénes dará su voto en los diferentes cargos de elección popular.
A pesar del rechazo al enfoque feminista, debemos apostar por prácticas feministas, en palabras de Marcela Lagarde, debemos transitar a un pacto sororal y de affidamento, promover la fe en otras mujeres, en aquellas que nos representarán y con quienes podamos construir para modificar las prácticas de violencias patriarcales, la protección a los agresores, la impunidad que prevalece en las instituciones de procuración y administración de justicia.
Independientemente de las personas que ocupen los cargos públicos en los diferentes niveles, la sociedad civil seguirá buscando los espacios de diálogos para mantener visibles los problemas que enfrentamos y sus obligaciones para proteger nuestros derechos, que no sólo es un tema de las mujeres que lleguen a la administración, sino de todo el sistema, el cual debe construirse a partir de personal con sensibilidad de género, capacidad y experiencia en los derechos de las mujeres para dejar de ser un gobierno simulador y omiso.