Hasta 2024, cuando haya culminado la actual administración federal, o cuando le plazca al señor presidente, se podrá tener acceso a documentos tan importantes como el plan maestro.

@JorgeMachucaL

El que hace la ley, hace la trampa. Triste, manida y muy vigente es esa frase que describe el México que no termina de erradicarse.

Muy reciente es el ejemplo de ello, materializado en ocultar por un lustro toda la información que se genere alrededor de la adecuación del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), en la Ciudad de México, que la administración lopezobradorista ha ordenado reservar, por “razones de seguridad nacional”, todo lo relativo al diseño, construcción, funcionamiento y manejos financieros de una de las obras emblemáticos del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Hasta 2024, cuando haya culminado la actual administración federal, o cuando le plazca al señor presidente, se podrá tener acceso a documentos tan importantes como el plan maestro, el proyecto ejecutivo, los estudios de seguridad y aeronavegabilidad del AISL.

Tal disposición fue publicada el pasado 18 de septiembre por el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que de esa forma respondió a una solicitud de información para entregar la versión más reciente del plan maestro de la nueva terminal aérea, documento que -según el diario Reforma- sería empleado como prueba dentro de uno de los litigios que al respecto lleva el colectivo “No Más Derroches”.

Como prueba de daño, base de la reserva de información, la Sedena argumentó que “la divulgación de esta información representa un riesgo real, en virtud de que podría ser utilizada por miembros de la delincuencia organizada para consumar delitos de espionaje, terrorismo, sabotaje, traición a la patria, genocidio, dentro del territorio nacional”, argumento que si bien puede ser cierto, puede resultar debatible al confrontarse el derecho constitucional de acceso a la información que ordena a los sujetos obligados a privilegiar la máxima publicidad, que en este caso se puede materializar en la publicación de una versión pública del plan maestro del AISL.

Igual o más grave resulta esta reserva si se toma en cuenta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 25 de septiembre de 2019, en el oficio 4.1.3.-2927 de la Dirección General de Aeronáutica Civil, del que el reportero posee copia, indicó que no existe un plan maestro para el AISL. En pocas palabras, se ha reservado un documento oficial antes de ser generado, si es que se llega a generar.

En su conferencia de prensa matutina de este 10 de octubre, el presidente López Obrador admitió de facto que su administración está usando la Ley General de Transparencia para enfrentar el “bombardeo de amparos”, 140, en contra de las obras del AISL; la confesión la hizo cuando dijo “nos quisieron mayoritear, entonces por eso se tomó esta decisión, pero terminando el proceso legal de amparos se abre». Es decir que discrecionalmente abrirá la información, sin importar lo dicho por el Comité de Transparencia de la Sedena, si es que le gusta o conviene.

En términos sencillos, para buscar ganarle la partida al colectivo “No Más Derroches”, el Poder Ejecutivo Federal se valió del artículo 113 de la Ley General de Transparencia, que permite a los sujetos obligados -en este caso la Sedena- clasificar información como reservada cuando su publicación “comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable”.

Sin embargo, la contradicción grave quedó evidenciada con la confesión abierta de López Obrador de ocultar información que de origen debe ser pública. Al parecer el primer mandatario ignora -en el mejor de los casos- que se pueden hacer versiones públicas teniendo voluntad de transparentar información que es pública.

De esta forma, en este sexenio quizá nunca sabremos si en el caso del AISL el gasto se ejercerá con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

LOS OTROS DATOS

De los 217 municipios poblanos, sólo 16 -siete por ciento- cumplen con la Ley de Transparencia. La triste y delicada confirmación de estos datos salió de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LX Legislatura del Congreso de Puebla, cuando hizo en estos días un exhorto respetuoso y comedido para que los 201 municipios incumplidos, acaten la ley a un año de haber iniciado labores. Todos a obedecer. Ajá.

LA FRASE

“Ríndanse, los tenemos rodeados”: AMLO a los corruptos. 10 de octubre de 2019.

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