La iniciativa para castigar «falsas» desapariciones promovida por la deiputada de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil, criminaliza, acentúa la misoginia y afecta a víctimas de violencia vicaría, consideraron activistas en Puebla.
La activista Gabriela Rosas, fundadora de Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, dijo que la propuesta es irresponsable.
Sostuvo que nuevamente la legisladora de Morena dio a conocer una iniciativa en sus redes sociales sin primero consultar a las agrupaciones que padecen directamente la problemática de la desaparición.
«Lo quiso hacer en un momento de enojo social, por el caso reciente y, evidentemente, no lo planteó bien; no queda clara cuál es la idea y parece muy riesgoso, porque va a inhibir la denuncia», dijo.
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La activista agregó que hay mujeres víctimas de violencia vicaria, las cuales recurren a la Alerta Amber para poder conocer el paradero de sus infancias secuestradas por los progenitores, pero sostuvo que ahora tendrán miedo de echar mano de esa herramienta por la propuesta de la morenista.
Asimismo, señaló que el planteamiento de Salvatori Bojalil acentuó la misoginia que inunda las redes sociales y no tomó en cuenta el posible contexto de violencia que padecieron las mujeres que han dicho que están desaparecidas.
«Algo que hemos dialogado en la colectiva es que cuando se está viviendo una situación de violencia, que creo también cruza por ahí el tema de Lidya, no lo sé, pero cuando uno está en estado de desesperación, que tienes mil cosas encima, que ya no sabes para dónde voltear, que ya no sabes a quién pedirle ayuda, que ya hiciste todo lo que se te ocurrió, cruza por tu cabeza dos cosas: una es quitarte la vida y la otra es esa, desaparecerte. Te quedas por los hijos», acotó.
Por su parte, la activista Itzell Sánchez, del colectivo ADA y Técnicas Rudas, mencionó que, antes de impulsar una ley para sancionar denuncias falsas por desaparición, es más urgente promover castigos para funcionarios que pierden carpetas de investigación o desaparecen indicios y pruebas.
También expresó que mejor hay que plantear sanciones a servidores públicos que filtran información a los victimarios, que no investigan o que discriminan y violentan a las personas que buscan.
Añadió que, en lugar de criminalizar a las mujeres y ciudadanía, se debería castigar a quienes no dan la cara a las familias buscadoras o desvían el presupuesto destinado a la búsqueda en comidas y viajes.
Finalmente, pidió sancionar a los funcionarios que aceptan sobornos o que se niegan a tomar declaraciones o permiten una crisis forense sin hacer nada para solucionarla.
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