Los datos sobre Tlaxcala se integraron al Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2019.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó esta tarde el primer Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2019, que recoge información oficial del periodo 2012-2017 entregado por las 32 fiscalías y procuradurías estatales e instancias federales.
La presentación de la situación para el estado de Tlaxcala estuvo a cargo de la directora del Centro Fray Julián Garcés, Alejandra Méndez Serrano, quien denunció la relación de funcionarios públicos con las redes de trata con fines de explotación sexual y la falta de espacios especializados para la atención de las víctimas de trata.
Señaló que el estado no ha cumplido con las recomendaciones emitidas por la CNDH sobre la prevención del delito a través de acciones coordinadas por la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), de salud y de procuración de justicia.
Sin el carácter vinculante, el cumplimiento de las recomendaciones se diluye en la impunidad y la simulación, comentó la defensora de derechos humanos en Tlaxcala.
Mencionó que la presencia del delito de trata de personas pasó de 23 a 40 municipios de la entidad en los últimos 10 años, además de que solo el 6 por ciento de las averiguaciones previas se iniciaron de oficio.
Del mismo modo, resaltó que en lo últimos 15 años 15 municipios ubicados en la zona sur del estado, conocida como el corredor de la trata de personas, autorizaron permisos para construir más de 300 establecimientos, entre hoteles, bares y centros botaneros, situación que no empata con el crecimiento turístico o económico en la entidad.
La lenta y las deficientes acciones para erradicar el delito además se evidencia con la falta de coordinación del estado con las organizaciones sociales. El gobierno ha preferido trabajar en la capacitación, prevención y diseño de políticas públicas con personas externas que no conocen el contexto social de la trata.
Acompañada por el ombudsperson, Luis Raúl González Pérez; la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Teresa Ulloa; Antonino de Leo, representante de UNODC y Mónica Salazar, directora de Dignificando el Trabajo A.C., la representante del Centro Fray Julián Garcés de Tlaxcala saludó la elaboración y presentación del informe calificándolo como el primer ejercicio de acercamiento a una problemática que ha sido ocultada, desatendida, sesgada y mal entendida por los gobiernos locales y federal.
De acuerdo a los datos, en Tlaxcala solo el 7 por ciento de las denuncias por los delitos de trata de personas llegan a sentencia condenatoria, además de que se continúa consignando el delito en actas circunstanciadas; en este caso, solo 82 actas de 765 concentradas en 11 procuradurías, incluida Tlaxcala, alcanzaron el rango de averiguación previa.
Por su parte, Teresa Ulloa y Mónica Salazar coincidieron en que los estados no aplican o no saben aplicar la ley general contra la trata y los congresos locales año con año dejan de programar recursos para echar a andar la Ley.
“Por lo menos, con el diagnóstico sabemos algo de lo que no sabíamos sobre víctimas, las condenas, si las victimas recibieron asistencia médica o psicológica, el perfil de víctimas, los lugares de origen y contextos que los colocan en condición de vulnerabilidad. Los datos son importantes, pero también lo que descubrimos es que hay rezagos y contradicciones”, mencionó Teresa Ulloa.
A su vez, Mónica Salazar señaló que las cifras “confirman que ninguna de las instancias federales ni locales está cumpliendo con las obligaciones que le impone la ley general. No se ha hecho nada por corregir las causas estructurales ni trabajado en los riesgos de caer en las redes de trata.»
Temas como la falta de monitoreo de medios para detectar posibles redes de trata, la falta de uso del tipo penal en los estados, el desfase del número de personas sentencias con las imputadas, la revictimización, la procuración de justicia sin perspectiva de género y de derechos humanos, y la falta de coordinación de todos los niveles, fueron los temas que esta tarde se pusieron sobre la mesa.
Para finalizar, el ombudsperson nacional señaló que el diagnóstico es una oportunidad para que los gobiernos replanten sus estrategias contra la trata, a fin de garantizar el derecho a la justicia, la seguridad, la paz y la libertad.